La superficie de cultivo ilícito de coca crece en Perú y en 2010 alcanzó ya las 61.200 hectáreas, apenas 800 menos que las del principal productor del mundo, Colombia.
Así lo advierte en su informe de 2011 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el que se habla de un aumento del 2 %, unas 1.300 hectáreas, en la extensión de los cultivos de arbusto de coca.
Este es el quinto aumento consecutivo anual en Perú, una tendencia inversa a la evolución en Colombia.
Según la JIFE, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, este crecimiento se puede atribuir a "una mayor demanda mundial de cocaína y a la erradicación intensiva del arbusto en los países vecinos, que ha causado el desplazamiento del cultivo al Perú".
Ese aumento de la superficie cultivada se ha producido pese a los esfuerzos en la erradicación de plantaciones, que en 2010 consiguieron acabar con 12.033 hectáreas, 977 hectáreas más que en 2009.
El informe de la JIFE indica que el Gobierno de Perú afirma que el presupuesto de políticas antidrogas ha pasado de 7,4 millones de dólares en 2008 a 69 millones de dólares en 2010. Para 2011, se presupuestaron casi 100 millones de dólares en la lucha contra las drogas ilícitas.
Sin embargo, Lima ha advertido de que esa cantidad puede no ser suficiente para contener el desplazamiento de cultivos de coca a Perú y ha mostrado su preocupación por el limitado apoyo financiero internacional.
En su informe, la JIFE insta al Gobierno de Perú a que intensifique las medidas para reducir las plantaciones de coca y la fabricación y el tráfico de cocaína.
Respecto al destino de la cocaína peruana, el informe indica que abastece no sólo a los mercados de Europa, sino también a países sudamericanos, sobre todo en el Cono Sur.
Respecto a las incautaciones, en 2010 se aprehendieron en Perú 30,8 toneladas de cocaína, casi un 50 por ciento más que en 2009, y se desmantelaron 1.300 laboratorios de elaboración de pasta de coca, 100 más que en 2009.
Respecto a otras drogas, la JIFE se refiere al aumento de las incautaciones de hierba de cannabis, que sumó 3,9 toneladas en 2010, casi el doble que en 2009, y a la alta prevalencia del consumo de esta droga entre delincuentes juveniles en Perú.
La JIFE también menciona un informe de Devida de diciembre de 2010 en el que se valoraba en 192 millones de dólares el coste sanitario, gubernamental, laboral y de productividad que supone para el Estado peruano el consumo ilícito de drogas, sin contar el tabaco y el alcohol.
EFE
