El Instituto Nóos encargó a un empresario barcelonés la emisión de 13 facturas falsas "por trabajos que no se habían realizado", según ha confesado él mismo al instructor del caso que investiga el entramado de empresas que montaron Diego Torres e Iñaki Urdangarin. Esa facturación ficticia sirvió para justificar, supuestamente, cobros ante organismos oficiales por operaciones comerciales inexistentes.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y el juez José Castro han recolectado este fin de semana nuevos elementos documentales y una declaración testifical, la de este empresario, que alimenta la tesis de la existencia de supuestos delitos de falsedad y fraude a la Administración para malversar fondos públicos.
El juez explica en el auto, que las 13 facturas fueron rechazadas por laGeneralidad valenciana que desconfió al no contener los documentos el CIF. Tampoco se definían en las facturas los eventos por los que se cobraba, ni aportar los Cd y los materiales audiovisuales del dossier, ni reflejar las personas que habían participado en los eventos y el proyecto.
En la causa del caso Urdangarin,en la última pieza cuyo secreto se ha levantado, están recogidas ya las facturas irreales y la declaración del empresario que asume el hecho y que apunta directamente a Nóos. Pablo Herrera, administrador de la firma de comunicación y diseño BPMO Edigrup de Barcelona, explicó el episodio y libró al juez en la comisaría de Barcelona 13 ejemplares: 12 facturas de 10.000 euros cada una y otra de 4.000 euros, de fecha del 17 y 18 de mayo de 2006.
Herrera asumió, en su comparecencia como testigo el pasado viernes día 24, que el Instituto Nóos, en 2006 le “solicitó a su empresa que emitiera una serie de facturas a Nóos de cara a unos trabajos que no se habían hecho”. Se fingieron facturas para “preparación del evento”, las candidaturas de juegos de deportes de federaciones internacionales de ciclismo con la UCI, baloncesto de la FIBA, fútbol, UEFA a los IPC de Paralímpicos, y así hasta un total de 13.
Los documentos simulan corresponder a gastos de los dossieres de la candidatura –audiovisuales, pack, asistencia presentación-, de actos de enero de 2006, para los Juegos Europeos de Valencia. Este evento es objeto de acusación penal en la causa. Los nonnatos juegos Europeos de Valencia, con una previsión de negocio para Nóos de tres millones de euros por edición, se cerró un cobro final de 382.000 euros.
Un “documento contable de 124.000 euros corrobora (que BMPO ) abona las facturas, ya que éstas no se cobrarán nunca”, que se cancela el pago, “que no quede en las cuentas que el Instituto Nóos debe el dinero mencionado”.
La declaración del empresario se efectuó ante el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach que se desplazaron a Barcelona para recabar las documentos (las 13 facturas falsificadas) y la confesión de Herrera. Los investigadores reseñan un punto de costes disparatados: el Instituto Nóos facturó ante los organismos valencianos 134.840 euros por el “diseño de un logotipo”.
Se presentó al cobro en factura de Concept BPMO SL, una denominación teóricamente manipulada de la denominación de la empresa de Pablo Herrera, que el dueño no reconoce. “Un logotipo no cuesta el importe total de 143.840 euros” y si “lo hubiera hecho no lo olvidaría”. Herrera facturó con Nóos para los eventos de Valecia Summit y del IB Fórum de Baleares.
La declaración de Herrera comenzó por la mañana. Y por la tarde volvió a la comisaría con el material y el relato preciso al “haber quedado intranquilo pensando que hayan podido ser falseadas facturas con el nombre de su empresa”. El contable debió recibir la encomienda para “emitir esas facturas” con “indicación de la fecha y los gastos que se debían consignar”. Asegura que le consta que “no ha realizado ninguno de estos trabajos, y prueba de ello es que ningún dinero ha recibido por este concepto”.
La pieza secreta abunda en los hallazgos de facturaciones dobles en Palma y Valencia y el rechazo de entregas de cargos por las Administraciones de la Generalitat Valenciana. También recoge una nueva confesión de un consultor sobre la supuesta utilización fraudulenta de una de sus facturas: Marçal Planellas, que emitió gastos de 30.000 euros para un trabajo en Palma, que se duplicaron y se justificaron también en Valencia.
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