Profesores de la Universidad de los Andes de Mérida, Táchira y Trujillo cumplen un paro de 48 horas. Aseguran que paralizan sus actividades ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, básicamente en tres aspectos considerados de gran relevancia: salario, salud y prestaciones sociales.
Exigen una respuesta inmediata a las necesidades que presenta este sector educativo en todo el país.
Los profesores "ulandinos" se concentraron en el Núcleo Liria donde colocaron toldos, camillas y equipos de hidratación para mostrar el estado crítico en que se encuentran los sistemas de atención de salud del sector universitario y la crisis que padecen los docentes, empleados y obreros "por estar ganando sueldos no ajustados con las responsabilidades".
El profesor Luis Loaiza, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), informó que la situación salarial de los universitarios es paupérrima ya que nunca se había llegado a una situación de desmejoramiento similar. "Los salarios de investigadores y docentes de alto nivel cada día se acercan más a la cota de salario mínimo que gana cualquier trabajador sin especialización", dijo.
"Para el mes de septiembre, cuando se termine de aplicar el ajuste salarial anunciado por el Gobierno nacional, el salario de un profesor de máximo escalafón será de 3,6 salarios mínimos. De ese nivel hacia abajo, los profesores universitarios no ganan ni el salario mínimo de la escala laboral venezolana", apuntó Loaiza.
Sobre el tema de la salud, los universitarios enfrentan la reducción de los aportes que por acuerdos federativos e insuficiencias se destinan al funcionamiento de unos programas de salud avasallados por la inflación y el aumento de la vulnerabilidad de una población laboral envejecida. Estos recursos han sido solicitados reiteradamente a la directora encargada de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, profesora Tibisay Hung, sin que se produzca respuesta alguna.
El tema de las prestaciones sociales también resulta crucial. Los universitarios venezolanos esperan desde el año 1998 que se le cancelen tanto sus pasivos como sus prestaciones sociales, causadas después de toda una vida de trabajo y el gobierno no genera respuesta alguna sobre este tema y por el contrario anuncia sin consultar la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para regular el tema de las prestaciones, pero del pago de la deuda no dice nada.
