EFE) El Gobierno de Cuba divulgó hoy los resultados de los exámenes médicos del contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde 2009, a su familia, tras un “desafortunado” retraso, aseguró hoy el abogado del preso en EE UU.
En un comunicado, el abogado Peter Khan mostró su “gratitud porque el Gobierno cubano haya decidido divulgar finalmente hoy el historial médico y los resultados de los exámenes médicos”.
“Es desafortunado que les haya llevado más de un mes hacerlo, pese a nuestras repetidas solicitudes”, añadió Khan, quien evitó comentar sobre los documentos médicos “hasta que los médicos de Alan en Estados Unidos hayan tenido la oportunidad de revisar y analizarlos”.
La familia de Gross envió esta semana una carta a la sección de Intereses de Cuba en Washington para pedir la información médica del estadounidense, de 62 años, un reclamo que repitió el Departamento de Estado de EE.UU. el jueves.
En un comunicado, la portavoz de esa agencia, Victoria Nuland, aseguró que la salud de Gross se ha deteriorado hasta tal punto que “ya no puede andar”, mientras que Kahn añadió que ha perdido más de 45 kilogramos desde su arresto y que, recientemente, le ha aparecido un gran bulto detrás de su hombro derecho.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba replicó el viernes que el estado de salud de Gross es “normal” y que sus familiares han recibido “sistemáticamente” información médica completa sobre el contratista.
El abogado del preso rechazó hoy esa afirmación al asegurar que los resultados no llegaron hasta ahora y que las imágenes de Gross que han circulado en los medios, que le muestran visiblemente delgado, respaldan su versión de los hechos.
“Cualquiera que haya visto las crudas fotografías de Alan comprende la legítima preocupación de su familia por su bienestar físico y mental”, aseguró Khan.
Alan Gross, que trabajaba para una empresa subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), fue encarcelado en Cuba en diciembre de 2009 por distribuir tecnología de comunicaciones a una comunidad judía.
En marzo de 2011 fue juzgado en la isla y condenado a quince años de prisión por actividades subversivas contra el Estado cubano.
Su caso se convirtió en un nuevo foco de tensión entre La Habana y Washington, que insiste en la inocencia del contratista y ha exigido su liberación en reiteradas ocasiones al Gobierno del presidente Raúl Castro.
