Carlos Dívar ha dimitido. Tras más de un mes de presiones, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo termina así su ciclo como máxima autoridad judicial del Estado tras el escándalo de sus viajes. Apenas 15 minutos después de empezar el pleno extraordinario, en torno a las 11.25, ha presentado su dimisión. El orden del día incluía tres puntos a debatir: la situación general del Poder Judicial, el estudio de la petición de dimisión formulada por cuatro vocales del Consejo, Félix Azón, Margarita Robles, Inmacualada Montalbán y Carles Cruz, y un tercero, propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que pedía su destitución o remoción en el cargo. El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ha aclarado que "nada más comenzar el pleno", Dívar "ha manifestado su voluntad de renuncia y no ha habido votación". De Rosa ha añadido en una comparecencia ante los medios que "hasta que no sea efectiva la dimisión", esto es, hasta su publicación en el BOE, no "se pondrá en marcha ningún tipo de mecanismo para la elección del presidente". La rapidez del trámite depende ahora del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
"No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación era insostenible" para la judicatura, ha asegurado Dívar, compungido, según fuentes del Consejo. El ya expresidente ha dicho que se considera "víctima de una campaña cruel y desproporcionada" y ha dejado claro, además, que no guarda "rencor" a nadie, y ha mencionado expresamente a los periodistas. En cualquier caso, ha pedido disculpas por el daño que ha podido ocasionar a la justicia. Dívar, que al dirigirse a los miembros del pleno ha mirado en más de una ocasión al vocal que denunció sus viajes, José Manuel Gómez Benítez, ha afirmado que siempre ha actuado conforme a las normas y ha insistido en que no se siente "culpable de nada".
La portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, había señalado esta mañana en la cadena SER que "lo previsible es que Dívar anuncie su dimisión". En su primera entrevista que concede desde que estalló la crisis por los viajes del también presidente del Tribunal Supremo, Bravo ha confiado en que se "recupere parte de la credibilidad perdida estos días". No ha sido ella, sin embargo, la encargada de comparecer tras el pleno extraordinario de hoy, como es habitual. Lo ha hecho el vicepresidente, Fernando de Rosa, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al indicar que “si bien habrá una interinidad en la jefatura tanto del Consejo como del Supremo", todos los vocales "seguirán trabajando intensamente en la resolución de los problemas de la justicia y de proyectos muy importantes”. El vicepresidente ha manifestado también que los vocales son “conscientes” de que el ‘caso Dívar’ “ha dañado la imagen de la institución”. No obstante, ha asegurado que todos los vocales, “por unanimidad”, han expresado “su reconocimiento” al trabajo realizado pro el ya expresidente.Esta es la decisión "rotunda y contundente" que anunció en el pleno del pasado sábado y que hoy ha comunicado al pleno del consejo. El anuncio supone además el comienzo, en palabras de algunos vocales, de una etapa de “regeneración y transparencia” que destierre el viejo hábito de cargar gastos a las arcas del Poder Judicial sin necesidad de justificar cómo, en qué y con quién se ha producido el desembolso de dinero público en un órgano (el que gobierna a los más de 4.500 jueces españoles) que maneja 74 millones de euros de presupuesto. Con Dívar se irá, señalan fuentes del Consejo, la práctica de cargar viajes a las arcas del Poder Judicial sin que exista constancia oficial de los mismos, y la de los fines de semana caribeños. Esos que él, en algunas ocasiones, estiró de jueves a martes.
En calma tensa afrontaban los vocales del Poder Judicial el pleno de hoy. Algunos han llegado a la sede del órgano en Madrid más de una hora antes del pleno. Ayer se sondearon entre ellos y aparentemente no había deserciones en la idea de que la presidencia de Dívar hoy pasará a ser historia. Se ha convertido así en el primer presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que deja el cargo forzado por los mismos que le eligieron. A sus 70 años, a Dívar solo le queda ahora la jubilación. Sin excepción, todos los consejeros interpretan que sus palabras en el pleno del pasado sábado, las que pronunció tras mirar a su alrededor y solo ver soledad (“voy a adoptar una medida rotunda y contundente”) estrangulan cualquier margen de maniobra.
Desde que estalló el escándalo de sus 32 viajes en larguísimos fines de semana a Marbella y otros destinos se aferró numantinamente al cargo. Hijo y nieto de juez, en su mente se instaló la idea de que dimisión es asunción de culpa. Y a esto se agarró durante la primera fase del escándalo de sus viajes. El respiro de alivió que sintió al cotejar que la Fiscalía General del Estado archivaba la denuncia por malversación que le interpuso, el pasado 8 de mayo, el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez se disipó pronto. Entonces, se sintió medio arropado cuando vio que solo cinco vocales pedían su dimisión y que, paradójicamente, otros siete se la exigían Gómez Benítez por haber actuado este por libre. Sin consulta previa al pleno.
Dívar se encerró en sí mismo y se olvidó de la calle, donde su caso crecía en medio de la indignación. Y que, lejos de mitigarse, se agigantaba con nuevas revelaciones de EL PAÍS que elevaban los primeros 12 viajes por importe de casi 13.000 euros hasta 32, y por un total de 28.000 euros
Tras el archivo de los 12 viajes en la Fiscalía General, el asunto llegó al Tribunal Supremo. Su propio tribunal le dio carpetazo al asunto. Por once votos contra cuatro, el Supremo no vio reproche penal en su conducta. Fue cuando Dívar se presentó ante la prensa y se mantuvo en sus trece; es decir, en el “carácter reservado” de sus viajes y en que no tenía obligación de dar explicaciones detalladas del motivo y con quién o quiénes había compartido los manteles de sus más de 40 cenas y/o almuerzos en restaurantes de lujo endosados al Consejo durante esos dilatados fines de semana. En cambio, en la calle, en las asociaciones judiciales e incluso en el PSOE, el clamor era que, al menos, sí concurría un reproche ético. Y que debía irse. Así ha sido.
Dívar siguió sin dar explicaciones y arrecieron todavía más los gritos de dimisión. Cuatro vocales (Inmaculada Montalbán, Carles Cruz, Margarita Robles y Félix Azón) y un quinto, Gómez Benítez, forzaron un pleno extraordinario 72 horas después, el del pasado sábado. Y estos cinco, partidarios de su marcha, se convirtieron en muchos más en el pleno. De sus bocas, delante de él, salió el sentir generalizado de que la situación “era insostenible”. Dívar volvió a mirar entonces a su alrededor y se sintió aún más solo. Y con la tenaza de que los mismos que le sugerían su salida, por las buenas, podían forzar una votación y destituirle. Ese era una de los puntos del orden del día. Con doce, mayoría de tres quintos, hubiera bastado.
Acorralado y delante de todos, Dívar soltó entonces nsu famosa frase premonitoria: “En los próximos días adoptaré una medida rotunda y contundente”. Y por “responsabilidad institucional” pidió a los consejeros que le dejasen varios días para estar presente en los actos del bicentenario, que empezaban el lunes y a los que el Rey iba a asistir. Se fue del pleno y los vocales, unánimemente, accedieron a su petición: dejarle uno días más y que dimitiera. El pasado lunes Dívar solo pudo hacerse la foto con el príncipe Felipe (don Juan Carlos cambió su agenda y viajó a Arabia Saudí a dar el pésame por la muerte del príncipe heredero). La inasistencia ayer de Dívar a los actos de la Constitución de Cádiz de 1812 tras la fría foto del lunes sin el Rey, agita la convicción de que hoy es el día D de Dívar. El de sus últimas palabras como primera autoridad judicial del Estado.
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