Si finalmente el ministro de Economía, Luis de Guindos, se da por vencido y acepta la necesidad de recibir varias decenas de miles de millones de euros para evitar que buena parte de su sector financiero caiga en la insolvencia, las presiones externas habrán acelerado los plazos. Porque el Gobierno prefería esperar a conocer los informes del FMI y de las dos consultoras privadas Roland Berger y Oliver Wyman, cuya publicación está prevista a lo largo de las dos próximas semanas.
Pero los datos del organismo que dirige Christine Lagarde, que estima en 40.000 millones de euros la inyección necesaria para la banca española, han llegado antes de lo previsto y todo el proceso se ha acelerado. También han influido las prisas de los países más ricos de Europa. Pese a que la canciller alemana, Angela Merkel, sostenía ayer mismo que solicitar el rescate era una decisión autónoma de España y que su Gobierno no presionaría, los mensajes que llegaban del Banco Central Europeo (BCE) y de algunos Gobiernos eran cada vez más evidentes.
El presidente del Eurogrupo y primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha pedido hoy mismo una solución rápida y urgente para los problemas de España. Ayer fue el gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del BCE, Ewald Nowotny, el que reclamó rapidez. “Cuanto más se aplazan las decisiones, más caras pueden volverse. La experiencia demuestra que es mejor pedir ayuda más pronto que tarde”, dijo ayer.
El vicepresidente del BCE, Vitor Constâncio, que admitió las conversaciones con España, dijo ayer que es posible que el Gobierno pida el rescate hoy sábado. El portugués también reclamó a Madrid “una respuesta urgente para calmar a los mercados”.