La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este viernes que encontró culpable al Estado venezolano por el asesinato de Néstor José Uzcátegui, de 21 años, a manos de las fuerzas policiales del estado de Falcón en el año 2001.
En la sentencia, notificada este viernes a las partes, la CorteIDH señala que la policía "allanó sin orden judicial y con violencia la vivienda de la familia Uzcátegui" y que "los agentes de policía hicieron uso de armas de fuego en contra de Néstor José Uzcátegui, provocando su muerte".
Agregó que esto ocurrió "sin que hubiese sido demostrada la legitimidad y, en su caso, la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal".
La CorteIDH indicó en un comunicado que encontró culpable a Venezuela por la violación del derecho a la vida de Néstor Uzcátegui, y de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, a la vida privada y la propiedad privada de los miembros de la familia Uzcátegui, quienes afirmaron haber sido perseguidos tras denunciar los hechos.
"El tribunal pudo comprobar que varios hechos de amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui (hermano de Néstor) y sus familiares se originaron luego de que emprendiera sus actividades judiciales y mediáticas en búsqueda de justicia", indicó la CorteIDH.
En la sentencia los jueces ordenaron a Venezuela realizar una investigación penal "eficaz" para esclarecer los hechos y determinar "las correspondientes responsabilidades penales y aplicar las sanciones y consecuencias que la ley prevea".
Además, exigió "examinar eventuales irregularidades procesales y de investigación" relacionadas al caso y, de hallarlas, sancionar a los servidores públicos responsables.
Los jueces también ordenaron indemnizaciones en favor de la familia Uzcátegui por un monto cercano a los 290.000 dólares, así como 29.000 dólares para los representantes legales de las víctimas por los gastos del proceso.
Según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este caso se enmarcó dentro de un contexto de ejecuciones extrajudiciales en el estado de Falcón, que habría cobrado la vida de unas 200 víctimas.
Venezuela anunció en julio pasado su decisión de salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la "aberrante" sentencia de la CorteIDH a favor de Raúl Díaz, acusado de terrorismo por poner bombas en sedes diplomáticas de España y Colombia en Caracas.
El pasado 10 de septiembre Venezuela denunció oficialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), primer paso para retirarse de CIDH y la CorteIDH, proceso que tarda un año exacto.
En la sentencia, notificada este viernes a las partes, la CorteIDH señala que la policía "allanó sin orden judicial y con violencia la vivienda de la familia Uzcátegui" y que "los agentes de policía hicieron uso de armas de fuego en contra de Néstor José Uzcátegui, provocando su muerte".
Agregó que esto ocurrió "sin que hubiese sido demostrada la legitimidad y, en su caso, la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal".
La CorteIDH indicó en un comunicado que encontró culpable a Venezuela por la violación del derecho a la vida de Néstor Uzcátegui, y de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, a la vida privada y la propiedad privada de los miembros de la familia Uzcátegui, quienes afirmaron haber sido perseguidos tras denunciar los hechos.
"El tribunal pudo comprobar que varios hechos de amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui (hermano de Néstor) y sus familiares se originaron luego de que emprendiera sus actividades judiciales y mediáticas en búsqueda de justicia", indicó la CorteIDH.
En la sentencia los jueces ordenaron a Venezuela realizar una investigación penal "eficaz" para esclarecer los hechos y determinar "las correspondientes responsabilidades penales y aplicar las sanciones y consecuencias que la ley prevea".
Además, exigió "examinar eventuales irregularidades procesales y de investigación" relacionadas al caso y, de hallarlas, sancionar a los servidores públicos responsables.
Los jueces también ordenaron indemnizaciones en favor de la familia Uzcátegui por un monto cercano a los 290.000 dólares, así como 29.000 dólares para los representantes legales de las víctimas por los gastos del proceso.
Según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este caso se enmarcó dentro de un contexto de ejecuciones extrajudiciales en el estado de Falcón, que habría cobrado la vida de unas 200 víctimas.
Venezuela anunció en julio pasado su decisión de salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la "aberrante" sentencia de la CorteIDH a favor de Raúl Díaz, acusado de terrorismo por poner bombas en sedes diplomáticas de España y Colombia en Caracas.
El pasado 10 de septiembre Venezuela denunció oficialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), primer paso para retirarse de CIDH y la CorteIDH, proceso que tarda un año exacto.
EFE
