Más de 400 metros de la carretera que comunica la ciudad de Valencia con Güigüe se han visto afectados por el desbordamiento del lago, informaron las autoridades regionales
Franklin López, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Carabobo, denunció que la estructura del viaducto La Cabrera también podría verse comprometida y con ella la distribución de agua potable hacia el sur de Aragua, debido a que a un lado del puente está ubicado el Acueducto Regional del Centro que no fue diseñada para quedar sumergida y esto ocasionaría una fisura o la contaminación del agua.
Por su parte, Nizar Richani, de la Comisión de Ambiente del CIEC, afirmó que en los últimos siete años el lago ha subido hasta 70 centímetros anuales.
Indicó que lo único que frenaría la situación es comenzar cuanto antes un trasvase desde el lago.
Respecto a la carretera Valencia-Güigüe señaló que las autoridades nacionales y regionales deberían construir una vía alterna por el inminente cierre que tendrá esta vía.
Esta situación afecta a 190.000 personas de las parroquias Güigüe y Belén, sin contar con las que habitan en Central Tacarigua en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo.
En dos años la planta de tratamiento en Los Guayos podría quedar sumergida
Ingenieros miembros de la Comisión de Control del Nivel del Lago de Valencia sostienen que es inminente que la comunidad de la Isla de la Culebra quede incomunicada, porque el reservorio de agua sigue en aumento.
Consideran que de quedar incomunicada la isla se generaría como agravante que, dentro de dos años, pudiera resultar sumergida la planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicada a unos 200 metros del lugar.
“Esto significa perder la infraestructura más importante de saneamiento ambiental que tiene el estado Carabobo, producto de la no ejecución de la obra de trasvase del Lago de Valencia”.
Nizar Richani, César Humberto Flores, Raúl Villarroel y Jackeline Rodríguez, dieron a conocer su preocupación por el crecimiento indetenible de las aguas del Lago. Consideran que pudo haberse evitado, porque el Gobierno Nacional tiene conocimiento de esta situación desde el año 2008.
Con información de El Nacional y El Carabobeño
