Rafael Veloz, Responsable Nacional del Movimiento de Gremios de Voluntad Popular y presidente de la Federación Interamericana de Abogados, manifestó el rechazo de la tolda naranja a la “destitución indirecta” de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin que aún haya un pronunciamiento sobre la solicitud de una Junta Médica Independiente que evalúe y se pronuncie en torno a la salud del Presidente de la República.
Explicó que la Sala Constitucional del TSJ interpreta que el artículo 264 de la Constitución “establece un lapso improrrogable de 12 años y, por tanto, una vez fenecido el mismo, se produce la falta absoluta del cargo de Magistrado, la cual debe ser llenada por su suplente de acuerdo al artículo 47 de la Ley Orgánica del TSJ. Sin embargo, la misma ley establece en el artículo 42 que los Magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean destituidos por quienes deben reemplazarlos”.
Veloz advierte “esta reingeniería de la Sala Constitucional escapa de la atención del grueso de la población, pero las organizaciones de la sociedad civil revisan con preocupación, el malabarismo legal para salir de algunos magistrados que no se encuentran en situación de ausencia absoluta (renuncia, muerte, destitución), y que serán sustituidos por sus suplentes, en lugar de esperar por la designación de los nuevos magistrados, que requieren mayoría calificada en sus tres primeras sesiones. La continuidad administrativa establece que un funcionario, en este caso en la magistratura, debe permanecer hasta que le sea nombrado el sustituto”.
“Nos encontramos ante un proceso de destitución indirecta, dentro de este peculiar estado de derecho, en momentos donde está pendiente la designación de una Junta Medica Independiente solicitada por Voluntad Popular el pasado 8 de mayo, para establecer la capacidad física o metal del Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones”, denunció.
Igualmente, rechazó que el presidente de la Asamblea Nacional y el vicepresidente de la República, se tomen la atribución jurídica de discutir en torno al 10 de enero como la fecha de la toma de posesión fijada por la propia Constitución, “aprobada por el pueblo en 1999”.
Veloz finalizó recordando la necesidad esencial en Democracia de un Poder Judicial autónomo e independiente.
