Ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Estado venezolano se comprometió a entregar tres viviendas en El Concejo, estado Aragua, a integrantes de la familia Barrios, cuyos 10 miembros han sido asesinados en los últimos años en el país. Por su parte, Eloisa Barrios, vocera de los afectados, se comprometió a entregar las direcciones específicas de las 27 personas beneficiadas por las medidas de protección a la vida dictadas por dicha instancia.
La Corte IDH exigió a Venezuela tomar las medidas necesarias para establecer canales de comunicación directo entre la familia Barrios y las autoridades.
En una audiencia realizada en Costa Rica, Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, calificó el caso como "político" y aseveró que era "imposible" garantizar la vida de los 27 integrantes de la familia Barrios mientras el Estado no conociera sus lugares de residencia exacta.
"El Estado venezolano está obligado a brindarle protección a 27 personas de la familia Barrios (...) La única forma de poderlas cumplir es que todas las personas tengan un mismo domicilio y que se obligue a los respresentantes de las víctimas a consignar las direcciones de todos los domicilios", afirmó tras denunciar que los beneficiarios de la decisión de la Corte IDH no han colaborado con el gobierno.
Además, explicó que los ciudadanos Narciso y Benito Barrios fueron ajusticiados por la Policía del estado Aragua, siendo estos los primeros dos casos de violación de los Derechos Humanos en la familia Barrios. Sin embargo, indicó que un integrante del núcleo familiar fue detenido por un caso vinculado a las drogas y acotó que "algunos de esos homicidios pueden estar vinculadas por enfrentamiento entre bandas".Eloisa Barrios, vocera de los afectados, manifestó que "las medidas de protección no han sido eficientes porque estando ya en vigencia las medidas de protección han muerto ya 8 miembros de la familia Barrios".Resaltó que en la última reunión con el gobierno celebrada el 13 de mayo, se comprometieron a entregar las direcciones de los 27 miembros de la familia agrupados en 13 núcleos familiares, sin embargo el día 15 de mayo fue asesinado un adolescente integrante del grupo beneficiado y no pudieron concretar nada con el Estado."Estamos prácticamente mudándonos de los domicilios en los que nos encontramos por temor a que ocurra otro asesinato, por eso es que cambiamos de domicilio porque no creemos en las medidas de protección", dijo y pidió que los miembros de la familia que viven en Cagua sea reubicados en otro lugar.
Solicitó que "sean investigadas las muertes de mis familiares porque solo en el caso de mi hermano Narciso Barrios es que están dos personas detenidas". Narciso Barrios fue asesinado en diciembre del año 2003. Silvia Serrano, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó que el gobierno venezolano no haya ideado una política integral para garantizar el derecho a la vida de la familia Barrios. Denunció el "incumplimiento de una decisión de protección. La Comisión espera que el Estado de Veneuela asuma la protección de la familia Barrios con seriedad.
