“Llevo más de diez años cubriendo seguridad y justicia, el gran tema inacabable del sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero nunca te imaginas que vayan a ir a por ti”, dice Jorge Carrasco, periodista de la revista mexicana Proceso, amenazado de muerte por una oscura trama de funcionarios y exfuncionarios corruptos de Veracruz relacionados con el crimen organizado. Su pecado: investigar el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista en ese Estado, el 28 de abril del año pasado.
Desde hace más de un mes, su vida y la de su familia se han vuelto una pesadilla cotidiana. Continuos cambios de domicilio, con el sospechoso asalto en uno de ellos por parte de unos ladrones que no se llevaron nada, y el hecho de no poder ir a ninguna parte sin la escolta que le ha proporcionado la Secretaría de Gobernación. “Es una alteración total de tu vida personal, pero tiene un efecto mucho más pernicioso: solo un suicida volvería a escribir sobre el caso de Regina y Veracruz. Me han quitado mi libertad de expresión”.
Su caso es desgraciadamente un episodio más del acoso que sufre la prensa en el México de la guerra contra el narcotráfico. Desde el año 2000, según Reporteros sin Fronteras, han muerto 83 periodistas, una veintena están desaparecidos y muchos más amenazados.
La muerte de Regina Martínez, asfixiada en su casa de Xalapa, la capital del Estado, conmocionó en su día a la sociedad mexicana. Otra periodista caía durante la investigación de otro extraño asesinato, el de un activista social en el puerto de Veracruz unos días antes.Nueve periodistas han muerto violentamente allí desde 2011.
Carrasco y la dirección de Proceso, con su fundador y presidente al frente, Julio Scherer, una leyenda del periodismo mexicano, se entrevistaron al día siguiente de la muerte de Regina Martínez con el gobernador del Estado, Javier Duarte, y su equipo de seguridad. Mantuvieron una tensa reunión en la que se decidió que Carrasco, como representante de la revista, participase en la investigación oficial. Proceso había denunciado tiempo atrás las vinculaciones del Gobierno de Fidel Herrera, antecesor y padrino de Duarte, con el narcotráfico y la revista era secuestrada con frecuencia cuando publicaba algo incómodo para las autoridades.
La investigación comenzó, pero, para perplejidad de Carrasco, seguía un extraño derrotero, “como llamar a declarar a periodistas locales, tomarles las huellas dactilares, incluso las dentales a algunos de ellos, o que de las ocho huellas encontradas en el lugar del crimen se decidiese que solo servía una”. El Estado concluyó que los asesinos de Regina Martínez eran dos delincuentes habituales: uno, según la versión oficial, era un ladrón y un prostituto, actualmente huido. El otro, su cómplice, el único condenado, es analfabeto, seropositivo y sin familia.
Proceso no aceptó esa explicación. “Regina tenía un gran conocimiento de la descomposición de la vida política que se venía produciendo en Veracruz. Le pedimos a la Procuraduría del Estado [fiscalía] que siguiese esa línea, pero no nos hicieron ni caso”, cuenta Carrasco. Su asesinato se produjo en pleno reajuste del control de la plaza por el crimen organizado, tras la guerra librada entre los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación, y la aparición de un extraño grupo paramilitar que se hacían llamar los Matazetas.
El pasado 14 de abril, en vísperas de cumplirse un año de su muerte, Jorge Carrasco publicó en la revista un reportaje en el que demostraba las inconsistencias de la investigación oficial y la impunidad de los asesinos y sus cómplices. Esa misma noche comenzaron las amenazas. Cuenta el periodista que dos fuentes de su máxima confianza le informaron de que funcionarios y exfuncionarios del Gobierno y de la Procuraduría de Veracruz habían mantenido varias reuniones para acordar acciones hostiles contra él, como ordenar la búsqueda de información sobre su persona en todas las bases de datos del país y enviar hombres al Distrito Federal para capturarle. Dicho con las propias palabras del hampa, según el reportero, la orden era “que si no se dejaba subir [llevar a Veracruz], darle piso [matarle]”.
La revista dio parte a las autoridades federales y dos días más tarde publicó un comunicado en el que responsabilizaba al Gobierno de Veracruz de “cualquier agresión que pudiera sufrir a partir de estos hechos” Carrasco, su familia y los colaboradores del semanario.Proceso recogía también que el gobernador Javier Duarte y los máximos responsables de seguridad del Estado habían negado tajantemente su participación en esas reuniones y se comprometían a respetar el trabajo y la integridad física del periodista amenazado. EL PAÍS ha intentado sin éxito en varias ocasiones ponerse en contacto con el gobernador.
El caso sigue abierto, pero mientras tanto, Jorge Carrasco, vive bajo protección policial, con la única defensa de las letras contra las armas.
EL PAIS
