El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, se pronunció en rechazo a las acciones judiciales emprendidas en contra de los diputados de la alternativa democrática, Richard Mardo y Andrés Velásquez.
Informó que Velásquez está siendo perseguido por delitos de difamación e injuria, con base a las denuncias que este presentó en contra del ciudadano Yamal Mustafá y su participación en el caso Ferrominera.
“La acción judicial contra el diputado Andrés Velásquez y el diario El Correo del Caroní constituyen una noticia de extrema gravedad, pues afecta derechos y garantías constitucionales y atenta contra las bases de la vida democrática”, apuntó.
Aveledo agregó que este caso se suma a la persecución que el Gobierno emprendió en contra del diputado Richard Mardo y los distintos atentados contra la institución parlamentaria, insólitamente perpetrados desde la misma presidencia de la Asamblea. “Se suma este nuevo uso político de la administración de justicia, en un cuadro de privatización del poder público para ponerlo al servicio del interés particular del pequeño círculo de los enchufados. El abuso de poder y la impunidad son, inexorablemente, caldo de cultivo de la corrupción”, sentenció.
“El control del gobierno y la administración corresponden a la Asamblea Nacional, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 187, numeral 3 donde se establece: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”.
El secretario ejecutivo de la Unidad subrayó que para ejercer sus funciones y defender la independencia del Poder Legislativo, los diputados son protegidos por el 199 que pauta que no son responsables por sus votos y opiniones, y por la inmunidad establecida en el 200 constitucional.
“Nuestro compañero Andrés Velásquez, diputado de Bolívar, ha actuado apegado a su deber y amparado por la Constitución. Los artículos 57 y 58 constitucionales garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información. El Correo del Caroní, valiente medio de comunicación de admirable entereza, ha cumplido con su deber y ejercido estas libertades y derechos ¿Hasta dónde quieren llegar quienes insensatamente manipulan el poder público por interés particular?”, cuestionó.
Al concluir, Aveledo manifestó que ningún venezolano, con independencia de su filiación política o sector social, puede ser indiferente. “La Mesa de la Unidad Democrática, más que solidaria con los diputados y el diario, que se merecen esa solidaridad, sale en defensa de los derechos y garantías que son de todo el pueblo venezolano”, dijo.
