A juicio del abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino, en Venezuela no existe la voluntad política para combatir el delito de corrupción. Tal afirmación se evidencia, según indica, en que la primera figura pública para combatir la corrupción en el país no tiene nombre desde el fallecimiento del excontralor Clodosvaldo Russián.
“Lo primero que tuvo que hacer el Gobierno tras la pérdida física de Russián fue activar los mecanismos constitucionales para nombrar un nuevo Contralor General, situación esta que hoy por hoy se mantiene. Esto nos permite evidenciar que no existe una voluntad política por parte del Ejecutivo para combatir la corrupción”, manifestó.
Asegura que la convocatoria que hace el Gobierno Nacional para una nueva Ley Habilitante es una excusa para que el Presidente legisle en otras materias como sucedió en los 14 años de Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
“Se dictaron 4 Habilitantes que permitieron que el presidente Chávez gobernara por casi cuatro años y medio a través de delegación legislativa. En una tercera parte de su mandato, la Asamblea Nacional apagó la luz y cedió su potestad al Jefe de Estado. Esta situación no es normal en un país moderno”, agregó.
Aunque el presidente Maduro insiste en que la Ley Habilitante acabaría con el delito de corrupción en Venezuela, en el país existe un amplio marco legal que regula la materia. Desde hace ya algún tiempo, está vigente la Ley Contra la Corrupción, que recoge entre otros los delitos de soborno, peculado y enriquecimiento ilícito.
Esta Ley, junto con otros instrumentos legales como el Código Penal, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios entre otras; todas ellas tipifican las conductas ilícitas que ayudarían a acabar con la corrupción.
En este sentido, Del Pino destaca que en Venezuela el problema no es de legislación sino de Ejecución de dichas normas, por lo que asegura que la figura de la corrupción para convocar una nueva Ley Habilitante es una excusa por parte del Gobierno.
“Ya tenemos como antecedente la Habilitante que se dictó bajo la excusa de un estado de emergencia por lluvias, en cuyo período se crearon más de 60 leyes y solo 6 de ellas abarcaban el tema de las lluvias”, advirtió.
De acuerdo a la doctrina, las leyes habilitantes tienen carácter excepcional. En un Estado con separación de poderes, le corresponde hacer las leyes al Poder Legislativo, mientras que al Ejecutivo le toca hacerlas aplicables, más si se trata de materia de reserva legal, como es el caso de la Habilitante que se plantea.
“Es en el Poder Legislativo donde se ve representado el pueblo y donde se garantizan sus derechos, y no en la figura del Presidente de la República”, subraya el especialista en la materia.
Para Pedro Afonso Del Pino, la Ley Habilitante que persigue el Gobierno aprobar en los próximos días es una respuesta política contra la oposición, y una manera de ocultar los problemas que aquejan a los venezolanos.
Insiste en que la primera manifestación de voluntad política del Gobierno debe evidenciarse en el nombramiento del Contralor General de la República y la ejecución de las leyes vigentes y que regulan esta materia, sin distinción política. Además de permitir el acceso a la información pública, a las partidas y a cómo y en qué se invierten los recursos de los venezolanos, que hasta ahora se han convertido en un tabú en Venezuela
