Al juez Diego García-Sayán se le acaba el tiempo como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El próximo 31 de diciembre pondrá fin a cuatro años al frente del máximo tribunal en este ámbito de los países de la OEA. Cuenta con cierto orgullo cómo ha vivido el proceso de consolidación del tribunal y la mejora del diálogo con los sistemas nacionales. También cómo los siete magistrados que lo forman han tenido que enfrentarse a nuevos retos. "Es muy interesante la reflexión que tuvimos que hacer sobre el derecho a la vida a propósito de un caso de reproducción in vitro en Costa Rica", explica.
El exministro de Justicia y Exteriores de Perú visita México para presentar las sesiones extraordinarias que la CIDH celebrará en este país en octubre. Durante la conversación repasa algunas de las cosas que deja pendientes. "La CIDH no debería depender de la cooperación internacional. Para financiar las reuniones y otras necesidades básicas, como los abogados, se recurre a la cooperación de países como España, Noruega y Dinamarca", explica. El otro gran reto que no ha podido cumplir existe desde que nació la Corte: conseguir que todos los países de la OEA acepten ser miembros plenos del sistema interamericano de DD HH.
La Corte que preside emitió más sentencias que nunca durante el año 2012. ¿Hay más violaciones de derechos humanos o una mayor sensibilidad?
Más lo segundo. La percepción de que los ciudadanos tienen derechos como personas se ha ampliado en América Latina.
Últimamente abundan las sentencias sobre temas sociales, como la discriminación por orientación sexual. Estos temas no parecen específicamente americanos, sino más universales. ¿Ha habido un cambio?
Sí, porque eran derechos que estaban latentes, pero que todavía no estaban en la agenda. Cuando la Corte empezó a dictar sentencias en los 80, la mayoría tenían que ver con la represión sangrienta y las violaciones masivas y sistemáticas que se dieron en América. A nadie se le hubiera ocurrido que íbamos a tratar casos que tuvieran que ver con la orientación sexual - como un caso de Chile - o con mecanismos de reproducción como la fertilización in vitro [un caso de Costa Rica]. Y no solo que esos asuntos llegaran a la Corte, sino que la Corte los resolviera y que en la práctica se cumpliera la resolución.
¿Los Gobiernos están eludiendo su responsabilidad respecto a los migrantes, especialmente en Centroamérica, México y EE UU?
A la Corte llegan cada vez más casos sobre el tema y eso es un reflejo. Hay espacios en Sudamérica con resultados positivos en integración y regularización de los migrantes. Pero, por otro lado, hay grandes dramas como Centroamérica, México y la frontera con EE UU. Son temas que tienen en parte solución jurídica, pero sobre todo dependen de las grandes políticas de los Estados.
El Gobierno de México tiene una base de datos con más de 25.000 personas no localizadas durante el anterior sexenio y Human Rights Watch ha documentado 149 desapariciones forzadas por las fuerzas de seguridad. Un Estado en el que se dan estas cifras, ¿ha fallado?
No puedo hacer una valoración sobre México porque las cifras son muy distintas y los criterios para determinar qué es un desaparecido pueden ser equívocos. Pero no puedo decir que hoy en día la práctica de las desapariciones forzadas sea una política de Estado en algún país de América Latina.
Un grupo de ciudadanos ha demandado a México ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra en el marco de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cree que algún día veremos a representantes de México dando explicaciones en la CIDH?
La CIDH no es un tribunal penal, simplemente analiza las responsabilidades de Estados por violaciones de derechos humanos y está abierta a todos los temas que se le presenten y sean de su competencia. Por otro lado, en América Latina hay tribunales en capacidad de procesar y resolver las acusaciones por crímenes que puedan haber cometido personas provistas de la autoridad del Estado. Y el Tribunal Penal Internacional entra a fallar cuando los tribunales no han sido capaces de hacerlo. Veamos lo que pasa. De momento, no hay ningún caso de latinoamericanos en la Corte Penal Internacional, todos los casos son referentes a países de África.
¿Qué le parecen los grupos de autodefensa que proliferan en México?
Es un asunto sumamente peligroso. Ante una situación de amenaza a la seguridad, existe la angustia de la población sobre cómo protegerse y surgen formas de organización vecinal. A veces empiezan con acciones armadas ‘light’ pero pueden acabar en verdaderos grupos armados al margen de la ley y con una capacidad de fuego superior a la del Estado. Una cosa es organizarse para fomentar la participación ciudadana y en coordinación con la autoridad y otra asumir funciones de represión y de ejercicio de la fuerza que le corresponden estrictamente al Estado.
¿Ayudaría la despenalización de las drogas a mejorar la seguridad en América Latina?
Hay que separar mis opiniones de la postura de la Corte. En este caso, yo tengo una percepción personal del tema que bajo ninguna circunstancia es la de la CIDH. Pero en la OEA se ha apostado por abrir el debate: la perspectiva que hasta el momento ha prevalecido en el mundo, no solo en América, no ha funcionado. Se produce más droga ilícita de la que se producía hace 20 años y el nivel de criminalidad es superior. No hay una respuesta fácil, pero sí hay cierto consenso en que los Estados deben poner énfasis en las políticas de salud, prevención y desarrollo en las zonas productoras. Focalizar la acción punitiva en las bandas del crimen organizado es fundamental cuando hay pocos recursos. Por ejemplo, la nueva política que ha establecido el fiscal general de EE UU insta a priorizar sus esfuerzos y centrarse en los grandes actores dentro de las bandas, a no llenar las cárceles con microcomerciantes.
Hace un año Venezuela anunció su retirada de la jurisdicción de la Corte. ¿No han conseguido mejorar las relaciones?
El año está a punto de cumplirse [el 11 de septiembre] y, si no ocurre algo antes, Venezuela se retirará. Eso no significa que el sistema pierda todas sus competencias, porque el tratado establece que todos los hechos que se hayan producido hasta ese momento puede ser materia de conocimiento por el sistema interamericano. Pero si llega a ocurrir, estoy convencido de que llegará el momento en el que la ciudadanía venezolana quiera regresar. No porque sea un asunto de “poder” de la Corte, sino porque se trata de un derecho de la gente a recurrir a instancias internacionales si han agotado todos los recursos en su país.
¿Cree que la salida de Venezuela puede suponer un peligro para el respeto de los derechos humanos en el país?
Habrá que ver que pasa a partir de ahora. Hay otros países como EE UU y Canadá que no son miembros en toda su plenitud y eso no es sinónimo de barbarie.
¿Está más cerca o más lejos el momento en el que EE UU decida formar parte de la jurisdicción de la Corte?
Creo que estamos más cerca, pero es un proceso complejo porque hay nociones sobre lo que significa el derecho internacional en la comunidad jurídica norteamericana que son distintas de las que tenemos en América Latina o en la Europa continental.
¿Cómo está siguiendo las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC?
No estoy en posición de pontificar ni de decir cómo tiene que actuar nadie. En un proceso de transición hay que ponderar varios ingredientes: la verdad, la reparación a las víctimas y la justicia. El tema ha sido discutido por la Corte Constitucional de Colombia para establecer una justicia transicional que priorice los crímenes más graves La necesidad de que se haga justicia con los crímenes del pasado no puede ser un impedimento para la paz, porque eso significaría más muertos y desaparecidos. Y Colombia ya tiene 220.000 muertos.
