EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy que el 29 de agosto próximo analizará un caso por una desaparición forzada en Perú y el 3 de septiembre otro por presunta violación a las garantías de un abogado vinculado al golpe contra el expresidente venezolano Hugo Chávez en 2002.
El 29 de agosto, señala un comunicado de la CorteIDH, los jueces escucharán a las partes involucradas en el caso “Osorio Rivera contra Perú”, relacionado con la desaparición forzada de Jeremías Osorio, quien habría sido detenido por el Ejército peruano el 28 de abril de 1991 en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima.
Según la acusación, este hecho ocurrió en un contexto en el cual la desaparición forzada habría sido utilizada de forma sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, la acusación indica que Osorio fue víctima de actos de tortura, los militares difundieron información falsa sobre el asunto y hasta la fecha no se ha determinado el paradero de la víctima ni sancionado a los responsables.
La Corte agrega que el 3 de septiembre escuchará la declaración del abogado Allan Brewer, testigos y peritos propuestos por el Estado y los representantes de la supuesta víctima, así como los alegatos finales.
Este caso se relaciona con la supuesta falta de garantías y protección judiciales en el proceso seguido en contra de Brewer por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución, en el contexto de lo ocurrido entre el 11 y el 13 de abril de 2002 en Venezuela,cuando el empresario Pedro Carmona se proclamó presidente tras derrocar temporalmente a Hugo Chávez.
Según las autoridades venezolanas, Brewer participó como autor material e intelectual y, además, instruyó la redacción del decreto mediante el cual se abolieron los poderes constituidos de Venezuela durante el golpe de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que se encarga de elevar los casos a la Corte, asegura que el proceso penal contra Brewer estuvo a cargo de tres jueces temporales durante la etapa preliminar, lo que supone una violación a las garantías judiciales.
Además, la Cidh considera que se afectaron las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador y el derecho a la protección judicial, pues uno de los jueces temporales fue suspendido y reemplazado dos días después de presentar una queja por la falta de cumplimiento de una orden emitida por él, que autorizaba el acceso del imputado a la totalidad de su expediente.
Otra violación del Estado, según la acusación de la Comisión, es que a Brewer no se le permitió acceder al expediente en su totalidad y sacar fotocopias, lo que le habría impedido preparar su defensa adecuadamente.
Estos son las dos audiencias públicas que la CorteIDH realizará durante un periodo ordinario de sesiones que realiza en su sede en Costa Rica entre el 19 de agosto y el 6 de septiembre.
En este periodo los jueces también efectuarán sesiones privadas sobre interpretaciones de sentencias, cumplimiento de fallos y posible redacción de condenas.
