Nota de prensa).- Stalin González, diputado por Un Nuevo Tiempo a la Asamblea Nacional, informó que “la solicitud de una Ley Habilitante constituye un nuevo ataque del oficialismo contra la institución parlamentaria. En la supuesta lucha contra la corrupción, donde solo es promovida para perseguir a los opositores e ignorada para averiguar a los propios”.
Explicó que se pretende distraer la atención de la opinión pública de la grave crisis que sufren los venezolanos por la “incompetencia e indolencia” de estos gobernantes.
“La lucha contra la corrupción requiere de voluntad política, y ello exige el respeto a la Constitución vigente y las leyes destinadas para tal fin. El presente gobierno se caracteriza por la más absoluta opacidad en el manejo de la información pública, incluyendo una gran parte de los ingresos de la nación, que han sido colocados fuera del control parlamentario y son manejados a discreción, estando aquí una de las principales fuentes de corrupción: la falta de transparencia”, puntualizó.
El parlamentario opositor detalló que los grandes escándalos de corrupción de los últimos años provienen de funcionarios del gobierno, que actuaron al amparo del poder y de las instituciones. “Desde el caso del Plan Bolívar 2000, pasando por Makled, PDVAL, Ilaramendi, el maletinazo de Antonini Wilson, el central azucarero, hasta el Bandes, han sido grandes casos de corrupción que implican directamente a funcionarios del régimen”.
Precisó que el modelo promovido desde el Gobierno nacional propicia la corrupción de los funcionarios, la falta de instituciones independientes, el sometimiento de los jueces, la Contraloría parcializada, la solidaridad automática del régimen. “Todo ello se ha constituido en la máxima expresión de la corrupción más profunda en nuestra historia republicana”.
González calificó como “cínico” que el gobierno nacional lleve adelante una supuesta lucha contra la corrupción, “cuando toda su actuación política, todo su cuerpo institucional, promueve y brinda espacios para el manejo arbitrario y doloso de los recursos públicos, a espaldas de los ciudadanos”.
Recomendó que para avanzar en una verdadera lucha contra la corrupción se requiere un cambio político profundo, por lo que aseguró que “en Un Nuevo Tiempo creemos que es imperativo que se aplique lo establecido en la Constitución Nacional, designándose de acuerdo a sus procedimientos un nuevo Contralor General de la República y que ponga fin a la provisionalidad en que se encuentra colocada esta institución”.
Otras de las recomendaciones consiste en que se retome la discusión dentro de la Asamblea Nacional de la Ley contra la Corrupción, la cual a juicio del parlamentario, fue bloqueada por el oficialismo en 2011, estando aun vigente la ley del 2003.
