La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz se manifestó este jueves a propósito de la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que los venezolanos no quedan desprotegidos como han argumentado algunos voceros, "porque en el país se respetan los derechos humanos, además de los amplios mecanismos que ofrece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
Señaló que, incluso, cualquier persona que considere que se le irrespetaron sus derechos, puede acudir al Ministerio Público.
Consideró que aquellos que denuncian que los venezolanos quedaron sin protección, están mostrando desprecio hacia las instituciones del Estado, cuando éste es uno de los principales garantes del cumplimiento de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Venezuela es el segundo país en denunciar la Convención o Pacto de San José, después de Trinidad y Tobago en 1998, y ahora estará en el pequeño grupo encabezado por Estados Unidos y Canadá que desconocen la competencia de la Corte, luego de que este martes se retire de esta dependencia del organismo.
La Corte no podrá conocer violaciones a derechos humanos ocurridas después del pasado martes -aunque sí las que hayan ocurrido antes-, en tanto que la Comisión, a la que Caracas no permite visitas desde 2002, podrá seguir evaluando y emitiendo reportes sobre Venezuela con carácter informativo.
Es necesaria la creación de una Corte IDH para países de la región
La Fiscal General consideró necesaria la creación de una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos para los países de la región.
Igualmente, se mostró partidaria del fortalecimiento de organizaciones como Unasur, Mercosur y ALBA, instancias que también podrían servir como garantes de los derechos humanos.
Para la Fiscal General, esta Corte regional también debería tener la potestad para enjuiciar “a ese monstruo del norte“. “Es hora de crear un mecanismo para enjuiciar y abrir un procedimiento a estas personas que en nombre de la Casa Blanca, del Pentágono y del Gobierno de Estados Unidos, invaden países, pero no sólo se quedan allí, sino que torturan”, señaló.
En ese sentido, Ortega Díaz recordó que en la invasión de Estados Unidos a Irak murieron 134 mil personas entre civiles, mujeres y niños, “¿y los derechos de esos niños?”, se preguntó.
Señaló que, incluso, cualquier persona que considere que se le irrespetaron sus derechos, puede acudir al Ministerio Público.
Consideró que aquellos que denuncian que los venezolanos quedaron sin protección, están mostrando desprecio hacia las instituciones del Estado, cuando éste es uno de los principales garantes del cumplimiento de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Venezuela es el segundo país en denunciar la Convención o Pacto de San José, después de Trinidad y Tobago en 1998, y ahora estará en el pequeño grupo encabezado por Estados Unidos y Canadá que desconocen la competencia de la Corte, luego de que este martes se retire de esta dependencia del organismo.
La Corte no podrá conocer violaciones a derechos humanos ocurridas después del pasado martes -aunque sí las que hayan ocurrido antes-, en tanto que la Comisión, a la que Caracas no permite visitas desde 2002, podrá seguir evaluando y emitiendo reportes sobre Venezuela con carácter informativo.
Es necesaria la creación de una Corte IDH para países de la región
La Fiscal General consideró necesaria la creación de una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos para los países de la región.
Igualmente, se mostró partidaria del fortalecimiento de organizaciones como Unasur, Mercosur y ALBA, instancias que también podrían servir como garantes de los derechos humanos.
Para la Fiscal General, esta Corte regional también debería tener la potestad para enjuiciar “a ese monstruo del norte“. “Es hora de crear un mecanismo para enjuiciar y abrir un procedimiento a estas personas que en nombre de la Casa Blanca, del Pentágono y del Gobierno de Estados Unidos, invaden países, pero no sólo se quedan allí, sino que torturan”, señaló.
En ese sentido, Ortega Díaz recordó que en la invasión de Estados Unidos a Irak murieron 134 mil personas entre civiles, mujeres y niños, “¿y los derechos de esos niños?”, se preguntó.
