Amado Boudou no es ni de lejos el hombre más influyente del Gobierno argentino. No es tampoco el más respetado entre sus compañeros de Gabinete, ni el que mayor acceso directo tiene con la presidenta. Al contrario que la mayoría del Ejecutivo, Boudou no proviene del peronismo. Pero es la persona a la que Cristina Fernández eligió como vicepresidente del Gobierno en 2011. Y la Constitución de Argentina establece que el vicepresidente ha de asumir el mando del Gobierno en caso de enfermedad, ausencia o muerte. Si Fernández abandona por completo su actividad presidencial durante un mes, Boudou será el presidente en funciones.
“Él es la persona que cuando empezó la crisis global vino a decirme que el mundo había cambiado y que me propuso medidas a tomar. Amado es un hombre leal y que no te teme a las corporaciones”, declaró Fernández en su día. En aquel octubre de 2011, Boudou contaba con un gran capital político. En los mítines tocaba la guitarra y cantaba mientras explicaba las medidas del ministerio de Economía, del que era titular. Conectaba con la juventud y se hablaba entonces de él como un posible sucesor de Fernández. Pero nada más estrenar el cargo en 2012 fue denunciado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Boudou parecía estar en la cuerda floja. Casi se daba por hecho que la presidenta le soltaría la mano. Pero el vicepresidente ofreció el 5 de abril una conferencia de prensa donde atacó al fiscal general y al juez y al fiscal que lo investigaban. El fiscal general dimitió y el juez y el fiscal que lo investigaban fueron apartados del caso. Cristina Fernández salvó a Boudou. Pero el vicepresidente salió desgastado de aquella batalla. Y la investigación judicial continúa su curso. Hoy nadie habla de Amado Boudou como un posible sucesor de Cristina Fernández. EL PAIS