El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, expresó que actualmente "solo 2% de las empresas que hacen vida productiva en el país" reciben dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Destacó que las "pésimas políticas" del Ejecutivo han hecho que "4 mil empresas desaparezcan". Asimismo, Roig indicó que ahora en el país hay menos plazas de trabajo, debido a la extinción de algunas corporaciones. "Actualmente en Venezuela importamos 95% de la leche en polvo que consumimos", acotó en rueda de prensa.
"Solo 2% de las millones de hectáreas intervenidas en el país están produciendo", dijo Roig, quien destacó que Industrias Diana vende algunos de sus productos con sobreprecio, refiriéndose al aceite de oliva.
"Esta botella de aceite le cuesta al país 22 dólares, cuando en su lugar de origen cuesta entre 6 y 7 dólares y no he visto que fiscalicen a esta empresa del Estado", manifestó.
Indicó que en algunos sectores productivos del país ha disminuido la cantidad de importaciones y operaciones para beneficio de la población venezolana. "En la producción de maíz solo se opera 52 %, y de esta misma manera se atribuye al azúcar con 54 %".
"Hemos enviado 250 mensajes de alerta al Gobierno nacional para que observe lo que está ocurriendo. Ya esta situación era previsible (…) No es posible que ahora importemos 56 % de lo que estamos consumiendo", aseguró.
Roig acotó que no hace falta ser "profeta del desastre", porque no los quisieron escuchar cuando advirtieron lo que estaba sucediendo. Asimismo, indicó que las intervenciones públicas no abastecen la producción agroalimentaria del país.
"90% de la producción está en manos del Ejecutivo Nacional, pero sigue el aumento de los productos de la canasta básica alimentaria", indicó.
Subrayó que productos como la sal, resinas plásticas, entre otros, han aumentado 90% en lo que va de año, mientras que los derivados del aluminio han incrementado 160%.
El presidente de Fedecámaras destacó que para el Gobierno, la solución más sencilla es culpar a los empresarios de todos estos males, que son estructurales de la economía venezolana.
"Desde Fedecámaras estamos totalmente de acuerdo con que se persigan las especulaciones, que se castiguen las malas prácticas. Pero una cosa es eso y otra es que estas inspecciones estén violando el estado de derecho", instó.
