Hace siete años Galicia era un lugar feliz. Su economía crecía al 4%; el paro rondaba el 8% de la población y entre las 10 mejores empresas sobresalían grandes buques de prosperidad: la inmobiliaria Fadesa (después Martinsa), Pescanova y Caixa Galicia. Pocos entonces se imaginaban que la gran financiera gallega, que ganaba 357 millones y hacía crecer sus márgenes por encima de los dos dígitos, estaba más envenenada que la manzana de Blancanieves.
Su principal ejecutivo, José Luis Méndez (A Coruña, 1945), había manejado la caja como una finca particular durante 29 años. A base de fusiones convirtió la entidad provinciana en una de las 500 mayores del mundo, según publicó la revista Fortune en 1990, pero en la última década emprendió una huida hacia adelante con inversiones inmobiliarias arriesgadas, entre otras cosas, que nadie, ni el Banco de España ni la Xunta, frenó ni advirtió. Delirios de grandeza, como la compra de la isla de Sálvora (en la ría de Arousa) o ejemplos de nepotismo, como la contratación de dos de sus hijos al frente de áreas sensibles en la caja, se pasaron por alto mientras la obra social regaba hasta el último Ayuntamiento de A Coruña.
En 2009, cuando se abrió la veda de las fusiones, Caixa Galicia no dudó en presionar para unir su destino a la financiera de Vigo, algo a lo que ambas, furibundas competidoras, se habían negado siempre. La Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), aceptó el envite y encargó lo que en principio dijo que era “una auditoría”. Posteriormente, lo rebajó a un “diagnóstico acelerado de la viabilidad de la fusión” que realizó KPMG. El objetivo era convencer a los gallegos de que la unión era la mejor opción. Según diferentes fuentes, el informe costó alrededor de un millón de euros. Fue pagado por el departamento de la entonces conselleira de Hacienda Marta Fernández Currás (hoy secretaria de Estado de Presupuestos con Montoro) y se resumió en un Power Pointpara la opinión pública. Según la Xunta, aquel informe afirmaba que la nueva entidad generaría un beneficio bruto de 2.671 millones entre 2010 y 2015 y que iba a poder devolver los 1.162 millones que se necesitaban para impulsar la fusión.Igual que le ocurría en Caixanova, su vecina del sur, las cuentas de Caixa Galicia se presentaban siempre limpias de salvedades, avaladas por las amplias mayorías de consejos de administración con escasos conocimientos financieros, hechos a imagen y semejanza de los directores. El de Caixanova, presidido por el veterano Julio Fernández Gayoso (Vigo, 1931) estaba formado por 18 miembros que sumaban 1.140 años de edad.
Caixanova se resistía, pero las presiones del Banco de España y del Gobierno autónomo, sumadas al caramelo de que tendría el mando de la nueva caja, terminaron por seducir a Fernández Gayoso. Aupado a la dirección de Caixanova por un alcalde franquista en 1965, Gayoso se había jubilado teóricamente en 2006 a los 75 años, sorteando las limitaciones de edad con argucias legales y con una pensión vitalicia de 689.000 euros anuales. Pasó entonces a ocupar la presidencia, y continuó disponiendo de su despacho, chófer y secretaria.
Al norte, Méndez se retiró entre aplausos con 16,5 millones bajo el brazo por su pensión acumulada. Lo hizo antes de que se conociera el desastre, lo que le ha permitido quedar al margen de todas las causas judiciales. Méndez cedió todo el poder a Gayoso, que firmó la fusión en diciembre de 2010: nacía la quinta caja del país. Pero algo olía a podrido.
Mientras el presidente de la Xunta presumía de la “solvencia” de las cajas, ellas se dedicaban a colocar más de 900 millones en un productode alto riesgo llamado participaciones preferentes para tapar sus necesidades de capital. Se los vendieron a bebés, discapacitados o analfabetos. Ahora, por cierto, Feijóo admite que las cajas estaban “al límite” por los excesos de sus directivos.
Caixanova tampoco estaba mejor que su vecina del norte: avaló proyectos inmobiliarios de genios como Paco el Pocero; inyectó fondos en bodegas ruinosas, compró una empresa de jamones en Guijuelo... La caída comenzó con la pesada digestión del ladrillo: ambas habían concedido 14.371 millones al sector, y 5.020 millones estaban clasificados como créditos de dudoso cobro o subestándar, a un paso de la morosidad.
La situación se hizo insostenible en agosto de 2011. Los directivos que crecieron a la sombra de Méndez y Gayoso hicieron las maletas. José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán se embolsarán 52 millones en indemnizaciones y pensiones.
El que fuera número dos de Inditex, José María Castellano, tomó las riendas del monstruo, junto a César González Bueno para traer fondos internacionales. Al final ha llegado Juan Carlos Escotet, un banquero venezolano que preside Banesco y que ya había comprado el también gallego Banco Etcheverría. Novagalicia se nacionalizó con 9.000 millones de capital público de los que solo se recuperán 1.003 millones.
Las cajas consumaron la tercera peor fusión de España por la cantidad de recursos públicos (tras Bankia y Catalunya Banc) consumidos, equivalentes al 20% del PIB de Galicia; destruyeron 2.679 empleos y dejaron a miles de personas sin ahorros. Y, como siempre, nadie se hizo responsable. “¿Cómo pasó Caixa Galicia de beneficios a necesitar tras la fusión 9.000 millones? Yo tampoco lo sé”, aseguró Méndez en el Parlamento de Galicia.
Banesco promete invertir “entre particulares y pymes” 8.900 millones en créditos en cuatro años, según su presidente. “El motor del crecimiento de España son las pymes, un sector que conocemos a la perfección”. Respecto a si teme encontrarse sorpresas desagradables en el banco, el nuevo dueño de Novagalicia admite “carencias de dotaciones adicionales, pero dice que no tiene “ni un ápice de miedo” porque tiene las cuentas “muy estudiadas”. Además, Escotet ha prometido solventar el problema de las preferentes en 90 días. “No tengo la solución totalmente acabada, la estamos trabajando. La gente ha pasado por una situación que nunca debería haberse producido”, zanja.EL PAIS
