La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, ya está declarando ante un juez de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares (España), como imputada en un caso de presunta corrupción.
La infanta llegó al tribunal en automóvil y recorrió unos metros a pie hasta la puerta del edificio judicial, acompañada de su abogado Miquel Roca y donde la esperaba otro letrado, Jesús María Silva, quien la recibió con un apretón de manos.
Durante su breve recorrido a pie, la infanta ha sonreído y saludado a los periodistas que se encontraban en los juzgados.
La duquesa de Palma fue citada por el juez instructor, José Castro, para declarar como imputada por supuesto fraude fiscal y blanqueo, en el caso sobre un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, con fines no lucrativos y que presidió su marido, Iñaki Urdangarin, entre 2003 y 2006, así como delitos tributarios.
La infanta deberá aclarar ante el juez si cometió fraude fiscal como copropietaria con su esposo al 50 % de la sociedad Aizoon, a la que presuntamente se desviaron fondos del Instituto Nóos.
Uno de los abogados de la infanta Cristina, Jesús María Silva, habló a su llegada a los juzgados de Palma pero no desveló si va a responder la infanta a todas las preguntas y se limitó a afirmar: "Eso ya lo veremos".
A la llegada de la infanta, ya se encontraban en el juzgado el juez que lleva el caso, José Castro, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán y otros letrados de la causa.
El fiscal Pedro Horrach opina que no hay ningún indicio de que la infanta cometiera delitos fiscales porque la cuota defraudada es penalmente irrelevante y que su imputación se basa en meras conjeturas asumidas por el juez.
No obstante, Horrach sí entiende que cabría exigir a Cristina de Borbón el pago de unos 600.000 euros (unos 800.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos.
EFE
