Hay frases que ocultan bajo su aparente inocencia una dosis letal de veneno. Y la que pronunció el pasado viernes David Cameron en la puerta del número 10 de Downing Street, tras conocer los resultados del referéndum escocés, merece figurar en las antologías del género. “La cuestión de los votos ingleses para leyes inglesas requiere una respuesta concluyente”, declaró un primer ministro que ha demostrado una proverbial maestría para salir fortalecido después de verse acorralado. Lo que venía a decir es que, si los escoceses pueden decidir solos sobre sus asuntos, también los ingleses deberían poder hacerlo sobre los suyos. Pero lo que parecería una consecuencia lógica de la mayor transferencia de poderes que los tres grandes partidos prometieron a los escoceses si votaban no a la independencia, dinamitaba la unidad que habían escenificado en la recta final de la campaña y colocaba a los laboristas en una encrucijada.
Los laboristas tienen 40 diputados escoceses en Westminster; los tories solo uno. Excluyendo esos 40 votos de cualquier votación que no afecte a Escocia, los laboristas lo tendrían más que difícil para obtener mayorías en temas tan importantes como la educación, la sanidad o incluso los presupuestos. Solo con Tony Blair el partido tuvo mayorías suficientes como para que esos votos escoceses no fueran imprescindibles. Y no se ve al Blair de 1997 en el horizonte. Pero hay más: con esa jugada, Cameron desviaba hacia los laboristas el peso de la impopularidad en el recién abierto proceso de construcción de la nueva realidad territorial del Estado, uno de los debates políticos más trascendentes de la historia reciente de Reino Unido. Si los laboristas amagan con dilatar los plazos marcados —Cameron habló de un borrador de la legislación listo para enero—, los tories podrán acusarlos de regatear la promesa que todos hicieron a los escoceses. Y, si cuestionan la conveniencia de que sean solo los ingleses los que voten en asuntos ingleses, podrían cavar aún más profunda su tumba en determinadas regiones de Inglaterra, que son terreno ya tradicionalmente tory.
Al contraataque laborista se sumó también Alistair Darling, líder de la ganadora campaña del no en el referéndum, que advirtió al primer ministro de que corre el peligro de romper su promesa solemne al pueblo escocés, al vincular la comprometida transferencia de poderes al Parlamento de Holyrood con la limitación de los derechos de voto de los diputados escoceses en Westminster. “El acuerdo alcanzado por los tres partidos es innegociable”, declaró en la BBC. “Cualquiera que lo incumpla pagará un alto precio. Hay un tema separado acerca de los futuros cambios constitucionales en Reino Unido. Pero eso no puede llevar a retrasar de ninguna manera lo que se prometió”.En esa encrucijada arrancó ayer la conferencia anual de los laboristas en Manchester —la última antes de las elecciones del próximo mayo— donde mañana Ed Miliband ofrecerá un discurso que ya se anticipa como decisivo de cara a sus posibilidades de victoria. En una entrevista publicada ayer por The Observer, Miliband criticaba “el partidismo y la estrechez de miras” que demostró Cameron en su intervención del viernes. “Ni siquiera habló del deseo de cambio económico y social que ha sido el centro del estado de ánimo en este referéndum y lo es en todo el país”, explicaba el líder laborista. “Deberíamos mostrarnos increíblemente cautelosos ante las improvisadas soluciones que crean dos categorías de diputados”, defendió Miliband.
Desde el norte de la frontera, el derrotado líder independentista, Alex Salmond, también acusó a Cameron de “engañar” a cientos de miles de votantes escoceses al insinuar que incumplirá la promesa que los tres partidos “cocinaron en medio de la desesperación” tras la subida del sí en las encuestas previas a la consulta. “El primer ministro quiere vincular los cambios en Escocia a los cambios en Inglaterra”, declaró a la televisión pública. “Lo hace porque tiene dificultades para atraer a sus diputados hacia este compromiso y porque actúa bajo la presión del UKIP”.
Downing Street no tardó en reaccionar ante las acusaciones y, en declaraciones a The Guardian ayer por la tarde, fuentes del Gobierno aseguraron que “hay un compromiso claro de los líderes de los tres partidos de transferir más poderes a Escocia”. “Eso sucederá”, insistieron, “no está condicionado por ninguna otra cosa”. Los dos procesos —a transferencia de más poderes al Parlamento escocés y el cambio de estatus de los diputados escoceses en Londres— avanzarán en paralelo y al mismo tiempo, añadieron, pero los progresos en uno no dependerán de los del otro.
Parece claro que ha vuelto a la agenda política un viejo y delicado asunto. Se trata de lo que se conoce como la West Lothians question, porque fue un diputado laborista de esa región escocesa el que lo formuló en la Cámara de los Comunes en 1977, durante un debate sobre la transferencia de competencias. La cuestión es: si se entregan al Parlamento escocés competencias sobre determinadas materias, ¿por qué los diputados escoceses en Londres siguen teniendo voto sobre esas materias que ya no conciernen a su territorio sino solo al resto del país? Detrás de este debate subyace la peculiaridad de un Estado constituido por cuatro naciones, de las que una de ellas, la que congrega al 85% de la población —Inglaterra—, es la única que carece de un Parlamento regional propio y es gobernada directa y únicamente por el Gobierno central. Un Estado cuya organización territorial no esta diseñada en una única Carta Magna, sino que es producto de uniones y desuniones a lo largo de la historia. Esa organización territorial es la que está ahora encima de la mesa. Un tema, espinoso para los laboristas, que está llamado a ser uno de los ejes de la carrera hacia los comicios de mayo, que el partido de Ed Miliband arrancó ayer en su conferencia de Manchester.
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