El Gobierno de Chile dio por superada la polémica generada por un negocio inmobiliario que realizó Natalia Compagnon, esposa del hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien hoy presentó su renuncia al cargo de director sociocultural de la Presidencia.
“Situaciones como esta en que una persona toma la decisión de dar un paso al costado, pensando en las necesidades de Chile, por cierto que lo valoramos”, dijo a los periodistas el ministro portavoz de Gobierno, José Antonio Gómez, quien estos días ejerce también como portavoz del Ejecutivo.
Gómez, que dio por superada la situación, sostuvo que espera que “esto permita a él (Dávalos) y a su familia tranquilidad y evitar que estas situaciones” impidan “avanzar en las políticas” que impulsa el Gobierno.
En una rueda de prensa efectuada en el Palacio de La Moneda, Dávalos dijo que decidió dar un paso al costado y renunciar a su cargo en el que se desempeño por nueve meses sin percibir retribución alguna.
“No he cometido ilícito alguno ni delito funcionario, como algunos medios (de comunicación) han sugerido”, aseguró el primogénito de Bachelet al referirse a la operación inmobiliaria que le reportó a la empresa de su esposa beneficios por valor de 2.500 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
El hijo mayor de la mandataria reconoció también implícitamente la incomodidad que esta situación generó en el Gobierno y en el seno de la Nueva Mayoría, la coalición oficialista.
“No me queda más que pedir humildemente perdón por este amargo momento. Entiendo además que esto para algunos pudiera no ser suficiente”, dijo al explicar el motivo de su renuncia.
En los últimos días, el Gobierno se desmarcó de la polémica e instó a que fuera el propio hijo de la presidenta Bachelet quien diera explicaciones ante la opinión pública.
Los emplazamientos fueron hechos por los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Justicia, José Antonio Gómez. En tanto, Bachelet, quien estos días descansa en su casa de veraneo, junto al lago Caburgua, ha mantenido silencio.
La esposa de Dávalos es socia del 50 % de la empresa Caval Limitada, que obtuvo un préstamo por valor de 6.500 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) para la adquisición de unos terrenos en el municipio de Machalí.
El crédito fue otorgado por el Banco de Chile el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La operación se fraguó durante una reunión celebrada en la sede del banco en noviembre de ese año, en la que participaron Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.
La oposición considera que en este caso hubo tráfico de influencias y uso de información privilegiada, dadas las millonarias ganancias obtenidas por una empresa que tenía un capital de apenas 6 millones de pesos (menos de 10.000 dólares).
El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, dijo que el bloque opositor “no está satisfecho” con la renuncia del hijo mayor de Bachelet.
“El es hijo de la presidenta de la República, es parte del Gobierno. Mientras no se aclare el caso, no se puede estar satisfecho”, recalcó.
Por su parte, el secretario general de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, afirmó que la dimisión de Dávalos la toma con distancia “porque el que se haya alejado del cargo no viene a aclarar (sus negocios) porque no entregó ninguna explicación de las operaciones cuestionadas”.
En tanto, la secretaria general del Partido Socialista de Chile, Carola Rivero, que es parte de la Nueva Mayoría, calificó la renuncia de Dávalos como un “acto digno y valiente”.
“Es un acto digno y valiente, toda vez que no ha cometido ilegalidad alguna ni delito funcionario de ningún tipo, ni ha actuado en las sombras. Dio un paso al costado sólo por responsabilidad política”, añadió la dirigente.
En esta misma línea, el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín dijo que la renuncia “va en la dirección correcta, ya que ayuda a despejar la agenda pública en relación al Gobierno, la Nueva Mayoría y la figura de Michelle Bachelet”.
Chaín aseguró que tras la medida, el objetivo es seguir concentrados en el cumplimiento del programa y también coincidió con Rivero en que de los hechos conocidos “no se desprende ningún tipo de ilegalidad, menos de delito”.
El importe de la transacción fue de 9.500 millones de pesos (14,5 millones de dólares), a los que hay que descontar los 6.500 millones de pesos (10,4 millones de dólares) del préstamo y 500 millones de pesos (760.000 dólares) en concepto de intereses.EFE
