Un juez sudafricano reconoció este jueves el derecho de un enfermo terminal de cáncer a poner fin a su vida con ayuda de los médicos, en una sentencia inédita en el país austral que ofrece inmunidad a los doctores que participen en el suicidio asistido.
El magistrado Hans Fabricius, del Tribunal Superior de Pretoria, apeló al derecho a la dignidad y a la integridad física y mental reconocidos en la Constitución para garantizar a los médicos que no serán acusados de homicidio culpable o asesinato, como contempla la legislación sudafricana en estos casos.
La ley sudafricana contempla penas de hasta 14 años de cárcel para los médicos que participen en un suicidio asistido.
El Ministerio de Justicia anunció que apelará la decisión de Fabricius el próximo lunes al considerar que sienta un precedente para que "todos los pacientes terminales que quieran un suicidio asistido vayan a los tribunales", informaron este jueves medios locales.
El abogado de Ciudad del Cabo de 65 años, Robin Stransham-Ford -a quien podrían quedarle dos semanas de vida por un cáncer de próstata que le ocasiona fuertes dolores- solicitó urgentemente el martes ante la Justicia que fuera reconocido su derecho a morir "dignamente" asistido por los médicos.
El juez invocó en el veredicto la libertad con la que el paciente ha optado por el suicidio asistido, así como la plenitud de su capacidad mental y la dureza de la enfermedad.
A la espera de que se conozca el resultado de la apelación, esta decisión judicial podría sentar un precedente para otros casos similares y podría abrir la posibilidad de permitir la eutanasia en un país que tiene una de las Constituciones más progresistas del mundo.
La organización Dignity SA (Dignidad Sudáfrica), que defiende el derecho al suicidio asistido, celebró la sentencia y se ha mostrado esperanzada en que permita a más enfermos terminales evitar el dolor y poder poner fin a sus vidas.
El suicidio en noviembre de una mujer de 29 años que sufría fuertes dolores a causa de un tumor cerebral abrió el debate sobre la cuestión en Sudáfrica.
Por su parte, el colectivo Doctores por la Vida anunció su intención de apelar la sentencia y advirtió que podría provocar que los familiares presionen por intereses económicos a los enfermos terminales para que se suiciden.
El magistrado Hans Fabricius, del Tribunal Superior de Pretoria, apeló al derecho a la dignidad y a la integridad física y mental reconocidos en la Constitución para garantizar a los médicos que no serán acusados de homicidio culpable o asesinato, como contempla la legislación sudafricana en estos casos.
La ley sudafricana contempla penas de hasta 14 años de cárcel para los médicos que participen en un suicidio asistido.
El Ministerio de Justicia anunció que apelará la decisión de Fabricius el próximo lunes al considerar que sienta un precedente para que "todos los pacientes terminales que quieran un suicidio asistido vayan a los tribunales", informaron este jueves medios locales.
El abogado de Ciudad del Cabo de 65 años, Robin Stransham-Ford -a quien podrían quedarle dos semanas de vida por un cáncer de próstata que le ocasiona fuertes dolores- solicitó urgentemente el martes ante la Justicia que fuera reconocido su derecho a morir "dignamente" asistido por los médicos.
El juez invocó en el veredicto la libertad con la que el paciente ha optado por el suicidio asistido, así como la plenitud de su capacidad mental y la dureza de la enfermedad.
A la espera de que se conozca el resultado de la apelación, esta decisión judicial podría sentar un precedente para otros casos similares y podría abrir la posibilidad de permitir la eutanasia en un país que tiene una de las Constituciones más progresistas del mundo.
La organización Dignity SA (Dignidad Sudáfrica), que defiende el derecho al suicidio asistido, celebró la sentencia y se ha mostrado esperanzada en que permita a más enfermos terminales evitar el dolor y poder poner fin a sus vidas.
El suicidio en noviembre de una mujer de 29 años que sufría fuertes dolores a causa de un tumor cerebral abrió el debate sobre la cuestión en Sudáfrica.
Por su parte, el colectivo Doctores por la Vida anunció su intención de apelar la sentencia y advirtió que podría provocar que los familiares presionen por intereses económicos a los enfermos terminales para que se suiciden.
EFE
