Este jueves se instaló el Foro Pronóstico de Condena en Proceso Penal, que se realizó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en la ciudad de Caracas, donde participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Un juez que no respete los debidos procesos, un fiscal que no respete los debidos procesos, no es el que está inscrito ante el Ministerio Público ni ante la Constitución”, dijo.
Mencionó en medio del foro que si algún fiscal observó irregularidades de un caso, su deber es informarlo de inmediato a sus superiores pues eso es parte de la ética.
En el foro participan aparte de la Fiscal General dela República, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, así como una serie de magistrados y fiscales del país.
A los fiscales, rectores, jueces, defensores e integrantes del sistema penitenciario, les recordó que “tienen la obligación de garantizar los Derechos Humanos”.
“En un Estado como el nuestro, democrático, social, de derecho y justicia, que respeta los derechos del hombre, la única aspiración del Ministerio Público es a una verdad procesal entendida como la más próxima a la verdad absoluta”, señaló.
Durante su intervención en la actividad de este jueves, la fiscal leyó un extracto de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que data del año 2000 y contempla que “el fiscal del Ministerio Público, al ser parte de buena fe en el proceso judicial, debe cumplir con la obligación fundamental que le fue asignada, como es garantizar la observancia de la Constitución y las leyes”, agregando que están en la obligación de advertir al juez cualquier falta que se cometa en un proceso penal.
En este sentido, sostuvo que el organismo a su cargo no representa una amenaza contra la población venezolana. “Somos garantes de buena fe del debido proceso; nos ocupamos de proteger a las víctimas. El Ministerio Público no es un ente inquisidor, solo busca que haya justicia”, agregó.
Puntualizó que no se les puede evaluar únicamente por las acusaciones presentadas. “Se les debe valorar por los resultados de sus investigaciones en la búsqueda de la verdad”, insistió.
Asimismo, recordó que en 2008, luego de hacer una evaluación al sistema penitenciario y determinar su complejidad, se determinó la necesidad de crear los fiscales para el régimen penitenciario, con el propósito de vigilar que se respeten los Derechos Humanos dentro de los centros penitenciarios, cuando se compruebe que han sido menoscabados o violados.
Subrayó que el MP, como garante del programa normativo constitucional del proceso penal, interviene activamente en todas las fases del proceso penal (juicio público, oral y fase de ejecución) “orientados siempre por la premisa de que se respeten todos los derechos y garantías establecidos a favor de las partes, siempre actuando con objetividad, imparcialidad y especialmente impregnado de la ética laboral que debe acompañar a todo funcionario público”.
Principio de inocencia
Por su parte, el consultor jurídico del Ministerio Público, Rafael González Arias, ofreció una ponencia relacionada con la fase intermedia del proceso penal.
“No se puede pretender acabar con el principio de inocencia, a través de un acta policial”, analizó González.
Llamó a la reflexión a los integrantes del sistema penal para evitar los efectos negativos y las estigmatizaciones que recaen sobre una persona que enfrenta un juicio.
Llamó a la reflexión a los integrantes del sistema penal para evitar los efectos negativos y las estigmatizaciones que recaen sobre una persona que enfrenta un juicio.
Asimismo, la directora de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, María Eugenia Rodríguez,se refirió durante el evento a los requisitos de la acusación como acto conclusivo.
Con información de Nota de Prensa
