El Consejo de Ministros israelí aprobó este domingo un polémico proyecto de ley contra las organizaciones no gubernamentales, que afectará sobre todo a las de la izquierda pacifista porque quedarán sometidas a una exhaustiva revisión de sus donaciones extranjeras, entre ellas las europeas.
La propuesta fue aprobada de forma unánime por los miembros del Consejo de Ministros, informaron medios locales, y a pesar de las quejas de las ONG locales y de círculos demócratas.
Propuesto en virtud de un compromiso electoral por la titular de Justicia, Ayelet Shaked (del partido nacionalista religioso Hogar Judío), el proyecto establece un riguroso control de las finanzas de las ONG, a las que exige que señalen en todo momento el origen de las donaciones.
"En realidad la ley no cambia mucho. Ya estábamos todos obligados a revelar nuestros donantes según un acta de transparencia y si alguien quiere ver quiénes son solo tiene que abrir nuestra página de internet", explicó a Efe Guilad Grossman, de la ONG Yesh Din (Hay ley), que se encarga de defender a los palestinos frente a lo que su organización considera el "atropello de derechos".
Con ello, la ONG considera un intento de "erradicar" a estas organizaciones "en lugar de luchar contra los problemas de la ocupación y el extremismo".
El proyecto de ley debe pasar ahora a votación preliminar y a comisión antes de ser votado en segunda y tercera lectura, un proceso que Grossman calcula en varios meses, período en el que espera que "el gobierno despierte y la retire".
Entre otras medidas, la nueva ley exige que cualquier ONG que reciba más del 50% de su presupuesto de uno o más gobiernos extranjeros deban declararlo abiertamente y en todo momento en sus informes públicos, así como en cualquier exposición, declaración o petición ante cualquier organismo o funcionario israelí.
Igualmente, deberán mencionar explícitamente el origen de sus fondos y la identidad del gobierno extranjero que los patrocina, en lo que ha sido considerado una medida "discriminatoria" porque atenta especialmente contra la izquierda pacifista.
"Es un crimen de odio contra la democracia", afirmó la organización israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), que recuerda que las nuevas disposiciones eximirán de forma deliberada a las ONG de la derecha nacionalista.
Ello gracias a que el proyecto no contempla la necesidad de informar públicamente de donaciones privadas, como ocurre en la mayoría de los casos con los grupos nacionalistas y partidarios de los colonos.
Generalmente, las ONG nacionalistas reciben apoyo financiero de empresarios judíos estadounidenses, mientras que las de la izquierda pacifista lo recaban de gobiernos europeos.
El proyecto de ley, que ha sido censurado en medios locales por fuentes de la Unión Europea que pidieron el anonimato, también exigirá que los activistas de estas ONG lleven una identificación cada vez que entren en el Parlamento israelí, como ya ocurre con los lobistas.
"En lugar de luchar contra el terrorismo judío de ultraderecha, el gobierno pierde el tiempo en leyes para obligar a activistas por la paz y los derechos humanos a que lleven una identificación especial", se queja Shalom Ajshav en su comunicado.
Entre las organizaciones que podrían verse afectadas está "Breaking the Silence" (Rompiendo el silencio), formada por exsoldados que denuncian violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, así como otras que atienden los derechos de la minoría árabe de Israel.
Organizaciones como Yesh Din o la Asociación por los Derechos Civiles (ACRI) escaparían a la ley por no superar en sus cuotas de donaciones el 50% de financiación extranjera.
Shalom Ajshav cree que la mal llamada "ley de transparencia" no es otra cosa que un intento de "deslegitimar a las organizaciones que critican las políticas del gobierno".
"Si la ministra de Justicia está interesada realmente en transparencia, lo primero que debe hacer es promover una legislación que exija a las ONG de la derecha que expongan los millones que reciben de donantes privados y del propio Estado" (de Israel), concluye.
Shaked ha sido también duramente criticada desde círculos demócratas locales, incluso por algunos identificados con la derecha nacionalista, que destacan que "esta no es la respuesta" para ejercer un mayor control de este tipo de organizaciones, en palabras del columnista Ben Dror Yamini, del diario Yediot Aharonot.
La propuesta llegó a la mesa del Gobierno israelí después de que en los últimos años se haya producido una progresiva deslegitimación de los grupos pacifistas y en particular de la ONG "Breaking the Silence" por sus denuncias de lo ocurrido en la última guerra de Gaza, en julio-agosto de 2014. EFE
