(Buenos Aires, 19 de abril. EFE).- El Gobierno argentino señaló hoy mantener un “profundo respeto” a la “institucionalidad”, a la “independencia” y la “autonomía” del proceso político e institucional de Brasil, en referencia al juicio político al que puede ser sometida su presidenta, Dilma Rousseff.
“Seguimos el tema con mucho interés, la situación política, también la situación económica de Brasil. Es nuestro principal aliado estratégico. Nuestro vecino y país amigo. Es un tema que nos llena de preocupación”, dijo en rueda de prensa en Buenos Aires el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Marcos Peña.
“Vamos monitoreando el procesos mediante nuestras Cancillerías”, añadió, para agregar que el presidente Mauricio Macri habló con su homóloga brasileña el pasado fin de semana.
En este sentido, Peña remarcó que la postura del Ejecutivo “ha sido siempre la misma y ha sidorespetado y compartido en gran parte por el Gobierno brasilero”.
“Que es el respeto al proceso institucional de Brasil. Creemos que las instituciones están funcionando”, matizó.
“Cada uno tendrá su opinión política, sobre todo dentro de Brasil, pero creemos que corresponde que nuestra aproximación al tema sea de un profundo respeto a la institucionalidad, un profundo respeto a la independencia y la autonomía del proceso político e institucional de Brasil”, concluyó.
El pasado domingo, la oposición de Brasil reunió en el pleno de la Cámara de Diputados los 342 votos necesarios para que prosiga el proceso contra Rousseff, con lo que el Senado decidirá si inicia un juicio con miras a su destitución.
La acusación se fundamenta en unas supuestas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Rousseff afirmó este lunes que está dispuesta a defender su mandato ante el Senado, y aunque confesó sentirse “triste”, sostuvo que derrotará el “golpe”.
Además, insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen unailegalidad y mucho menos un “delito de responsabilidad”, como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
