El diputado opositor venezolano Biagio Pilieri podrá ocupar a partir de este jueves su escaño en el Parlamento, primer resultado de una huelga de hambre de varios jóvenes, que atrajo la atención internacional y logró que el gobierno revisara varias condenas.
El martes, los jóvenes que estaban en huelga desde principios de febrero ante las puertas de la sede en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendieron su protesta al considerar que varias de sus exigencias habían sido escuchadas por el gobierno.
“Seguimos en pie de lucha pero se han logrado bastantes cosas (…) Dialogamos y demostramos que no se trataba de un capricho”, declaró a la prensa Lorent Saleh, uno de los dirigentes juveniles en huelga.
En total, más de 70 jóvenes de unos 20 años se mantenían en huelga de hambre en todo el país y pedían que una misión de la OEA revisara la situación de varios políticos presos.
Su caso había traspasado las fronteras de Venezuela y provocó una reacción del mismo departamento de Estado en Washington.
Pero el gobierno del presidente Hugo Chávez siempre reiteró que las demandas de los jóvenes eran un asunto que se resolvería internamente, como finalmente ocurrió, y que el caso no incumbía a la OEA ni a Estados Unidos.
Según el ministro de Interior, Tareck El Aissami, que elogió la actitud de los jóvenes de deponer la huelga tras un diálogo con las autoridades, algunas de sus peticiones estaban “fuera del orden constitucional” porque se referían a personas que cometieron “graves actos de violación de derechos humanos”.
Sin embargo, admitió que el Ejecutivo medió para revisar los casos de otros presos y concederles la libertad condicional.
Además del diputado Pilieri, el responsable se refirió a los casos de dos personas encarceladas por explosiones en los consulados de España y Colombia en 2003 y de un militar preso por haber sido el custodio del presidente Hugo Chávez durante el breve golpe de Estado que lo sacó del poder en abril de 2002.
“Tengo la esperanza de que sí se puedan conseguir las cosas conversando pacíficamente y de que van a traer a más personas que están en situación similar”, celebró Pilieri.
Este diputado, acusado de corrupción, fue electo en los comicios de 2010 pero se encontraba en arresto domiciliario a la espera de la conclusión de un segundo juicio en su contra.
“El gobierno no les está concediendo una libertad por capricho a nosotros. Les están concediendo una libertad que ellos merecían porque ya cumplieron la mitad de su condena”, consideró Saleh.
“Una vez más se demuestra que un grupo de personas comprometidas pueden hasta cambiar el mundo”, dijo en un comunicado el comisario Ivan Simonovis, preso por su actuación durante el golpe frustrado contra Chávez en 2002.
Su caso es uno de los que, según el ministro de Interior, no se revisarán, al igual que el del diputado preso José Sánchez, sobre el que pesa un cargo de homicidio, o los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, acusados del asesinato de un fiscal.
Para El Aissami, ninguno de ellos pueden ser “calificados como presos políticos”.
Los resultados positivos de esta huelga de hambre son inéditos en Venezuela. Los habitantes del país todavía recuerdan al productor agrícola Franklin Brito, que mantuvo una huelga de hambre de varios meses para protestar contra una decisión del gobierno de Chávez sobre sus tierras, y murió en Caracas en agosto de 2010.
La noticia provocó una ola de indignación en Venezuela aunque el gobierno siempre mantuvo que su protesta era insensata y la orden de expropiación de sus tierras había sido revocada.
Por último, los jóvenes huelguistas también mencionaron el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida y a la espera de un juicio por corrupción tras haber liberado en 2009 a un banquero acusado de fraude. La magistrada consiguió abandonar la cárcel y pasar a arresto domiciliario por razones de salud desde inicios de mes.
El martes, los jóvenes que estaban en huelga desde principios de febrero ante las puertas de la sede en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendieron su protesta al considerar que varias de sus exigencias habían sido escuchadas por el gobierno.
“Seguimos en pie de lucha pero se han logrado bastantes cosas (…) Dialogamos y demostramos que no se trataba de un capricho”, declaró a la prensa Lorent Saleh, uno de los dirigentes juveniles en huelga.
Su caso había traspasado las fronteras de Venezuela y provocó una reacción del mismo departamento de Estado en Washington.
Pero el gobierno del presidente Hugo Chávez siempre reiteró que las demandas de los jóvenes eran un asunto que se resolvería internamente, como finalmente ocurrió, y que el caso no incumbía a la OEA ni a Estados Unidos.
Según el ministro de Interior, Tareck El Aissami, que elogió la actitud de los jóvenes de deponer la huelga tras un diálogo con las autoridades, algunas de sus peticiones estaban “fuera del orden constitucional” porque se referían a personas que cometieron “graves actos de violación de derechos humanos”.
Sin embargo, admitió que el Ejecutivo medió para revisar los casos de otros presos y concederles la libertad condicional.
Además del diputado Pilieri, el responsable se refirió a los casos de dos personas encarceladas por explosiones en los consulados de España y Colombia en 2003 y de un militar preso por haber sido el custodio del presidente Hugo Chávez durante el breve golpe de Estado que lo sacó del poder en abril de 2002.
“Tengo la esperanza de que sí se puedan conseguir las cosas conversando pacíficamente y de que van a traer a más personas que están en situación similar”, celebró Pilieri.
Este diputado, acusado de corrupción, fue electo en los comicios de 2010 pero se encontraba en arresto domiciliario a la espera de la conclusión de un segundo juicio en su contra.
“El gobierno no les está concediendo una libertad por capricho a nosotros. Les están concediendo una libertad que ellos merecían porque ya cumplieron la mitad de su condena”, consideró Saleh.
“Una vez más se demuestra que un grupo de personas comprometidas pueden hasta cambiar el mundo”, dijo en un comunicado el comisario Ivan Simonovis, preso por su actuación durante el golpe frustrado contra Chávez en 2002.
Su caso es uno de los que, según el ministro de Interior, no se revisarán, al igual que el del diputado preso José Sánchez, sobre el que pesa un cargo de homicidio, o los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, acusados del asesinato de un fiscal.
Para El Aissami, ninguno de ellos pueden ser “calificados como presos políticos”.
Los resultados positivos de esta huelga de hambre son inéditos en Venezuela. Los habitantes del país todavía recuerdan al productor agrícola Franklin Brito, que mantuvo una huelga de hambre de varios meses para protestar contra una decisión del gobierno de Chávez sobre sus tierras, y murió en Caracas en agosto de 2010.
La noticia provocó una ola de indignación en Venezuela aunque el gobierno siempre mantuvo que su protesta era insensata y la orden de expropiación de sus tierras había sido revocada.
Por último, los jóvenes huelguistas también mencionaron el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida y a la espera de un juicio por corrupción tras haber liberado en 2009 a un banquero acusado de fraude. La magistrada consiguió abandonar la cárcel y pasar a arresto domiciliario por razones de salud desde inicios de mes.
