El Senado de México aprobó con 84 votos a favor y 15 en contra la nueva Ley de Migración con el objetivo de "facilitar" y "garantizar" la movilidad de los inmigrantes en ese país. Pese a su aprobación, la discusión de 40% del contenido de esa normativa se pospuso porque según algunos parlamentarios unos 61 artículos son polémicos.
Así lo denunciaron en tribuna Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), y Pablo Gómez, de la Revolución Democrática (PRD), quienes señalaron que entre los ordenamientos polémicos está la criminalización a la migración y la violación de los derechos humanos de extranjeros que cruzan por territorio nacional que "van a la par de las exigencias de Estados Unidos".
Ambos senadores se pronunciaron por examinar bien el proyecto presentado por el Ejecutivo mexicano para que la Ley de Migración "no implique la posible criminalización de los centroamericanos que pasan por el país".
"Como está redactado en el proyecto de ley, la Policía Federal podrá realizar redadas y operativos contra emigrantes de Centroamérica en territorio nacional" semejantes a los que se llevan a cabo contra los mexicanos en Arizona (suroeste) Estados Unidos, dijeron los legisladores.
Para el senador del PT "el país no se puede convertir en la policía de Estados Unidos. No podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. No se le puede exigir a Estados Unidos un trato digno cuando aquí estamos legislando para no otorgarles ese trato que nosotros reclamamos a los vecinos del sur".
"¿Con qué cara le vamos a exigir a Estados Unidos respeto a nuestros migrantes, si aprobamos esta legislación?", preguntó Monreal.
El parlamentario pidió una moción suspensiva, la cual fue rechazada por el pleno legislativo.
Manifestantes pidieron al Senado mexicano que rechace la ley en los términos establecidos. También pidieron que se incluya la posibilidad de entrega de permisos de tránsito a migrantes de Centroamérica que buscan ingresar a Estados Unidos desde México.
De acuerdo con la opinión de expertos que estudiaron el proyecto, la ley de migración faculta a la Secretaría de Gobernación para formular y dirigir la política migratoria del país y eleva a rango de ley el accionar del Instituto Nacional de Migración (INM), responsable directo de aplicar la legislación.
El cuerpo legal en proceso contempla penas de hasta 16 años de cárcel para quien proceda a internar una o más personas al país sin la documentación correspondiente y obtener de ello un lucro, ya sea en dinero o en especie.
Aunque la ley fue aprobada este martes por 84 senadores, 50 parlamentarios se mantuvieron en reservas, que serán examinadas en lo particular a partir del próximo jueves, para posteriormente remitir el texto definitivo a la Cámara de Diputados.
(teleSur)
Así lo denunciaron en tribuna Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), y Pablo Gómez, de la Revolución Democrática (PRD), quienes señalaron que entre los ordenamientos polémicos está la criminalización a la migración y la violación de los derechos humanos de extranjeros que cruzan por territorio nacional que "van a la par de las exigencias de Estados Unidos".
Ambos senadores se pronunciaron por examinar bien el proyecto presentado por el Ejecutivo mexicano para que la Ley de Migración "no implique la posible criminalización de los centroamericanos que pasan por el país".
"Como está redactado en el proyecto de ley, la Policía Federal podrá realizar redadas y operativos contra emigrantes de Centroamérica en territorio nacional" semejantes a los que se llevan a cabo contra los mexicanos en Arizona (suroeste) Estados Unidos, dijeron los legisladores.
Para el senador del PT "el país no se puede convertir en la policía de Estados Unidos. No podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. No se le puede exigir a Estados Unidos un trato digno cuando aquí estamos legislando para no otorgarles ese trato que nosotros reclamamos a los vecinos del sur".
"¿Con qué cara le vamos a exigir a Estados Unidos respeto a nuestros migrantes, si aprobamos esta legislación?", preguntó Monreal.
El parlamentario pidió una moción suspensiva, la cual fue rechazada por el pleno legislativo.
Manifestantes pidieron al Senado mexicano que rechace la ley en los términos establecidos. También pidieron que se incluya la posibilidad de entrega de permisos de tránsito a migrantes de Centroamérica que buscan ingresar a Estados Unidos desde México.
De acuerdo con la opinión de expertos que estudiaron el proyecto, la ley de migración faculta a la Secretaría de Gobernación para formular y dirigir la política migratoria del país y eleva a rango de ley el accionar del Instituto Nacional de Migración (INM), responsable directo de aplicar la legislación.
El cuerpo legal en proceso contempla penas de hasta 16 años de cárcel para quien proceda a internar una o más personas al país sin la documentación correspondiente y obtener de ello un lucro, ya sea en dinero o en especie.
Aunque la ley fue aprobada este martes por 84 senadores, 50 parlamentarios se mantuvieron en reservas, que serán examinadas en lo particular a partir del próximo jueves, para posteriormente remitir el texto definitivo a la Cámara de Diputados.
(teleSur)
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