El Ministerio Público acusó a tres empleados del Banco Bicentenario y un funcionario de la Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira (Fundesta), quienes presuntamente están involucrados en la apropiación indebida de más de BsF. 852.700, mediante el cobro de 32 cheques irregulares en San Cristóbal.
Los fiscales 12° nacional y 23° de esa jurisdicción y su auxiliar, Juan Gutiérrez, Jeam Carlo Castillo y Yuli Osorio, respectivamente, acusaron a David Ramírez (ex gerente de Finanzas de Fundesta), por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, peculado doloso propio continuado en modalidad de apropiación y falsedad de actos y documentos.
De igual manera, se acusó a Deiberth Gutiérrez, Marlon Castro y Regulo Carrillo, empleados del Banco Bicentenario, por peculado doloso propio continuado en modalidad de cooperadores inmediatos y lucro ilegal en acto de la administración pública. Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal, respectivamente.
En el escrito presentado ante el Tribunal 10° de Control, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, la acción civil para la reposición del dinero y la reparación del daño causado, la remisión de las actuaciones en copias certificadas al despacho fiscal a fin de continuar la investigación respecto a la presunta participación de otras personas, la admisión de los medios de pruebas ofrecidos y que se ordene el
enjuiciamiento de los cuatros hombres.
De igual manera, se solicitó la ratificación de la medida privativa de libertad en contra de los cuatro involucrados, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, estado Táchira.
Desde mayo de este año, funcionarios del área administrativa de Fundesta reportaron algunas irregularidades en la materialización de cobro de cheques en el Banco Bicentenario, que fueron cancelados en algún momento por la misma institución.
Ante tal situación, el presidente de Fundesta, José Peña Rondón, ordenó que se elaborara una carta de reclamo para consignarla ante la institución financiera y de esa forma obtener alguna explicación del por qué esos cheques se habrían cobrado.
En tal sentido, el gerente de Finanzas de Fundesta se negó a firmar tal misiva alegando que él no reportaba ninguna irregularidad en el cobro de los instrumentos financieros.
Por tal motivo, Peña Rondón formuló la denuncia ante el Ministerio Público, organismo que inmediatamente realizó todas las diligencias pertinentes para esclarecer las supuestas irregularidades.
De esta forma, la investigación preliminar habría determinado que Ramírez en componenda con los empleados del Banco Bicentenario hoy acusados, les asignaba a esas transacciones los números de reporte de los cheques anulados, los cuales aún permanecían en la sede de Fundesta y eran cobrados de manera fraudulenta.
Actualmente, el Ministerio Público continua desarrollando la investigación a fin de esclarecer este caso y así determinar qué otras personas podrían tener alguna vinculación con la ejecución de estas acciones
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