En concreto, el 12 de noviembre, la CIDH demandó a Venezuela ante la CorteIDH en el caso Raúl José Díaz Peña, que se refiere a la detención ilegal y arbitraria y su sometimiento a un régimen de detención preventiva que superó los límites establecidos en la ley penal, alegando un presunto peligro de fuga, informó este viernes el organismo regional.
Durante el tiempo en el que permaneció en detención preventiva, Díaz Peña no contó con una revisión judicial efectiva de su situación y fue sometido a un proceso con una serie de irregularidades que tuvieron como consecuencia que el proceso penal durara aproximadamente cinco años y dos meses desde su detención hasta la condena proferida en su contra.
Mientras permaneció bajo custodia del Estado, fue sometido a condiciones de detención que tuvieron un grave impacto sobre su salud, sin que recibiera oportunamente la atención médica que requería, indicó la CIDH.
Por su parte, el 29 de noviembre la CIDH presentó ante la Corte el caso argentino Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal Fornerón, que se relaciona con la entrega en guarda provisional con fines de adopción de Milagros sin el consentimiento de su padre Leonardo, quien no tiene acceso a la niña, y el hecho de que el Estado no ha ordenado ni implementado un régimen de visitas a pesar de las múltiples solicitudes realizadas a lo largo de más de diez años.
Por último, el 30 de noviembre, la CIDH presentó ante la Corte el caso Masacre de Río Negro, de Guatemala, el cual se relaciona con la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, así como la persecución y eliminación de sus miembros, mediante una serie de masacres ejecutadas por el Ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en los años 1980 y 1982.
Las masacres contra la comunidad de Río Negro fueron planificadas por agentes del Estado de Guatemala con el objetivo de exterminar la comunidad y constituyeron genocidio, indica la Comisión.
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