Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, aseguró que la orden de suspensión de desalojos por invasiones, dictada por el TSJ, cercena prácticamente el derecho a la propiedad y afecta a casi 1,5 millones de propietarios.
Indicó que la medida es grave porque viola el derecho a la propiedad y la tutela judicial, así como la Constitución, códigos y leyes.
Orta sostuvo que una comisión del TSJ no puede tomar esa decisión, sino la Sala Plena o una de las Salas de la máxima instancia.
Pidió al TSJ y a la comisión que tomó la medida reconsiderarla porque ésta podría traer una confrontación social.
Anunció que acudirá este martes al TSJ para introducir un recurso de reconsideración.
Denunció que las invasiones han proliferado en varios estados y que el oficio del TSJ parece proteger a los invasores.
Precisó que en los últimos años ha caído la oferta de alquileres en 90% y se ha fomentado una campaña contra los constructores de viviendas.
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