“Nosotros tenemos 60 fiscales trabajando en estos casos. La responsable es la fiscal 45, la abogada Mercy Ramos”, señaló Ortega Díaz, quien puntualizó que los funcionarios están abocados exclusivamente a resolver el problema inmobiliario que presentan un número considerable de familias venezolanas.
De igual modo, señaló que el Área Metropolitana de Caracas el MP cuenta con cinco despachos fiscales, además del despacho nacional que coordina los casos en todo el país.
Indicó que el Ministerio Público tiene a su disposición un listado, clasificado por delitos, tanto de las investigaciones como de las personas involucradas en las estafas inmobiliarias.
Ortega Díaz señaló que ya han dictado un conjunto de medidas reales y personales, entre ellas: privativas de libertad, órdenes de captura, prohibiciones de salidas del país, presentaciones periódicas a los tribunales, inmovilizaciones de cuentas, así como prohibiciones de enajenar y grabar.
“Desde el Ministerio Público 8 personas tienen medida privativa de libertad, 5 órdenes de captura, 43 prohibición de salida, 8 presentación periódica ante los tribunales y 12 con medidas sustitutivas de libertad”, detalló la Fiscal General.
También refirió que 29 ciudadanos tienen solicitudes de inmovilización de cuentas y 38 de prohibición de enajenar y grabar.
Asimismo, precisó que este lunes, martes y miércoles fueron adoptadas otras medidas, de las cuales informarán dentro de pocos días.
Este miércoles, durante el acto de entrega la entrega de 71 títulos de propiedad familias perjudicadas por constructoras privadas, y tras recibir una serie de denuncias, el presidente Hugo Chávez solicitó al Ministerio Público profundizar la investigación con respecto a los casos de estafas.
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