"No me parece que esté ni dentro del espíritu ni en la letra de nuestra Carta Democrática el que un Congreso que se va pueda atarle las manos al Congreso que llega. Yo no creo que eso se puede hacer", sostuvo hoy en declaraciones a Efe.
Insulza expresó así su preocupación por la aprobación el 17 de diciembre por parte de la Asamblea Nacional (AN) venezolana de la Ley Habilitante que otorga poderes especiales por 18 meses a Chávez para que pueda promulgar decretos-ley en diversas materias sin estar sujeto al control del Parlamento.
La Ley recibió el visto bueno de la AN antes de que se instalara, el pasado día 5 de enero, el nuevo Congreso, en el que la oposición cuenta con el 40 por ciento de los escaños.
La nueva AN está compuesta por 165 diputados, 98 oficialistas y 67 opositores, elegidos el pasado 26 de septiembre.
El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que la medida supone vetar la labor de la nueva AN, en la que el oficialismo mantiene la mayoría, pero no la cualificada o de dos tercios que es necesaria para aprobar leyes orgánicas.
"¿Qué sentido tiene que la gente elija un Congreso -que fue concurrido y que todo el mundo validó- para que inmediatamente después se diga que ese Congreso que acabamos de elegir en realidad no va a tener mucho que decir porque el presidente va a gobernar por decreto durante 18 meses?", señaló el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Y eso lo dice el Congreso que se va. Yo no creo que eso sea aceptable. No me parece que uno se puede quedar callado ante una cosa así", dijo el secretario general.
Insulza sostuvo que la única solución es que la nueva AN discuta de nuevo la Ley Habilitante.
"De pronto dan al presidente una facultad, no tantas como las que le dieron, pero alguna le podrían dar por la razón de la emergencia que se dio por las inundaciones" de finales de 2010, indicó.
"Pero que el Congreso anterior suprima su facultad al Congreso que fue elegido recién no me parece", concluyó el secretario.
Insulza coincidió así con lo expresado el jueves por el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, quien consideró la ley "antidemocrática" y también sostuvo que "viola los valores compartidos consagrados en la Carta Democrática Interamericana".
La polémica ley podría ser abordada en un Consejo Permanente de la OEA si un país lo propone, o el propio Insulza.
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