En el caso de que la oposición vuelva a gobernar el país, ésta buscaría nuevamente la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es la principal industria que impulsa la economía venezolana.
Así lo aseveró el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en entrevista concedida al periodista José Vicente Rangel, en su programa dominical que transmite el canal privado Televen.
“Algunos de sus voceros (oposición) han ido anunciando algunas cosas, la privatización de Pdvsa, la liquidación de todas las estructuras que se han creado. Es una agenda terrible”, expresó Ramírez.
Durante el Gobierno de la IV República, los que hoy adversan a la Revolución adelantaron una política entreguista y de privatización de la industia petrolera basada en la Internacionalización; los Convenios Operativos y los Convenios de Asociación, que apuntaban a minimizar la remuneración que le correspondía a la Nación como dueña del recurso natural.
Desde 1986 hasta el año 2005, la explotación y producción de petróleo estuvo enmarcada en esa política conocida como “Apertura petrolera”.
Con la Internacionalización, el componente crítico era el control fiscal sobre los precios de exportación para minimizar la recaudación. Con esta política la vieja Pdvsa también vendió petróleo con descuentos por el orden de 1,50 y 2,50 dólares por barril a sus filiales en el exterior mediante la firma de contratos a largo plazo.
Con una duración de 20 años, fueron firmados 33 convenios operativos en 1992, 1993 y 1997; con lo que la vieja Pdvsa le entregó a terceros las actividades de exploración y producción, reservadas por la Ley de Nacionalización a las empresas del Estado, o a la figura de Convenio de Asociación con una empresa del Estado.
En 1996, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de Francia; British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de China; y Repsol, de España).
Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los cuales participaron también empresas nacionales de capital privado, tales como Polar, Inelectra y Arco, dejando al pequeño inversionista un máximo de participación de 10%.
Con las asociaciones estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se abatió el régimen fiscal del país, se rebajó la regalía a 1%, las empresas pagaban 34% de impuesto petrolero; fue modificada la Ley de Impuesto Sobre la Renta para introducir una reforma que exceptuaba a las empresas de la faja a pagar el impuesto petrolero, le quitaron el control operacional a Pdvsa, que no podía tener más del 33% de participación; se preveía la figura del arbitraje internacional para saldar las diferencias entre los socios y las áreas eran entregadas sin ningún pago de derecho al Estado venezolano.
Con la llegada del Gobierno Bolivariano toda esa política de “saqueo” del petróleo venezolano fue revertida gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el año 2001; con lo que se logró incrementar la regalía de 16 a 30%; se estableció un bono de entrada al Estado como derecho a participar como socio minoritario; los convenios operativos pasaron a empresas mixtas con un factor de recobro de 20%; no hay arbitraje internacional; entre otros logros materia de recaudación de impuestos petroleros.
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