(AFP) - El fallo de la Corte Suprema colombiana que consideró inválidos como prueba documentos del computador del abatido jefe de las Farc Raúl Reyes, pone fin a tres años de acusaciones a políticos en Colombia, Ecuador y Venezuela basadas en estos, dijeron expertos el viernes.
Desde marzo de 2008, cuando las fuerzas militares colombianas bombardearon el campamento de Reyes en Ecuador de donde recogieron los computadores, una docena de políticos, incluyendo a los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, han sido señalados de mantener nexos con las Farc.
Pero siguiendo uno de esos procesos la Corte Suprema de Justicia declaró esta semana sin valor probatorio esos archivos porque no se cumplió con los requisitos de recolección de evidencia judicial.
Y aunque los magistrados precisaron que su fallo se refiere únicamente al caso que estudiaban, el del ex parlamentario izquierdista Wilson Borja, a quien se acusó de vínculos con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, comunista), los juristas consideran que esos archivos no podrán sustentar ningún otro proceso.
“Después de esa decisión, la información de esos computadores no podrá ser usada en ningún otro proceso”, dijo a la AFP el ex Fiscal y ex Procurador Alfonso Gómez Méndez.
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno se vio severamente cuestionado por esos documentos, fue uno de los primeros en celebrar la decisión. “Sencillamente, esa fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores de Raúl Reyes está llegando al final”, dijo.
Las relaciones de Colombia con sus vecinos Venezuela y Ecuador se resquebrajaron a raíz del bombardeo y de las denuncias basadas en los archivos de Reyes, al punto de que Quito las rompió en 2008 y Caracas dos años después, aunque luego se reanudaron con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos en agosto de 2010.
Para Fernando Giraldo, experto en relaciones internacionales, “la decisión es de gran beneficio para los gobiernos de Venezuela y Ecuador”.
“Le quita piso a nivel internacional a los señalamientos de sus conexiones con las Farc. Además, los archivos de Reyes han perdido asidero legal ante la justicia internacional”, señaló Giraldo a la AFP.
En lo inmediato, Borja anunció que demandará al Estado por los daños que se le causaron durante tres años de investigación judicial. “Estuve ante el país como si fuera de las Farc. Era un congresista estrella (…), después me tocó declararme impedido”, dijo.
El fallo servirá también para fortalecer la demanda de reposición que intenta la ex senadora liberal Piedad Córdoba, quien desde 2007 ha mediado en la liberación de rehenes de las Farc, en algunos casos junto a Chávez, y fue destituida en 2010 sobre la base de los archivos del computador de Reyes.
“Aunque el caso de Piedad Córdoba es diferente, porque a ella la sancionó la Procuraduría (justicia administrativa), ha quedado claro que esas pruebas no pueden ser usadas en procesos ni penales ni disciplinarios”, dijo a la AFP Federico Andreu, experto de la Comisión Colombiana de Juristas.
En tanto, el ministro del Interior y Justicia Germán Vargas declaró su respeto a la decisión, aunque insistió en que la información de los computadores de Reyes es cierta.
“En Colombia rige el código procesal, que establece la forma como se recaudan las pruebas y como éstas pueden obrar en los procesos. Pero por supuesto que la información es cierta. Es verdadera y no ha habido ninguna manipulación de ella”, indicó Vargas.
Sobre esto, Gómez Méndez apuntó que “en términos jurídicos, los efectos son que esas pruebas no podrán usarse tampoco en otros casos. Pero una cosa diferente es que los hechos, los datos allí referidos, puedan ser corroborados por otros medios”.
Además del caso de Borja, la Corte Suprema ha archivado ya procesos a otros tres dirigentes políticos señalados de mantener vínculos con las Farc.
Por Nina Negrón
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