El Ministerio Público solicitó la extradición de Jorge Carvajal Castillo, presuntamente involucrado en el caso de la emisión de bonos falsos del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), ocurrida en la década de 1980.
La solicitud fue interpuesta por los fiscales 2° ante el Tribunal Supremo de Justicia, 37° nacional (e) y 68° del área metropolitana de Caracas (AMC), Lizette Rodríguez, Pedro Buitrago y Milvira Caravallo, respectivamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la extradición activa.
En dicha norma se contempla que “Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez de control inicie el procedimiento de la extradición activa…”
En ese sentido, el requerimiento se realizó ante el Tribunal 4° de Control del AMC, instancia que deberá remitir la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual tiene un lapso de 30 días para declarar si es procedente la petición de extradición.
El 25 de noviembre de 2010, a solicitud del Ministerio Público, el referido Tribunal de Control dictó orden de aprehensión contra Carvajal Castillo, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y obtención ilegal de utilidad de acto administrativo, ambos en grado de tentativa en forma continuada; además de agavillamiento.
Posteriormente, se pidió a Interpol incorporar en la base de datos de ese organismo, el alerta roja contra Carvajal Castillo, quien fue detenido este año en Estados Unidos por problemas migratorios.
Es oportuno mencionar que en marzo de este año, los fiscales también solicitaron la extradición de Roberto Infante, quien está en Panamá, por su presunta vinculación con el caso. Igualmente, el pedimento se realizó ante el Tribunal 4° de Control.
Asimismo, el Ministerio Público acusó en diciembre de 2010, a Alejandro Tineo Salas, José Nicolás Tovar Jiménez y a Ramón Heraldo Paredes, por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, obtención ilegal de utilidad de actos en la administración y agavillamiento, causa que actualmente está en etapa de juicio.
Adicionalmente, en junio de 2008, fue condenado a 11 meses de prisión Ramón Klapka Anato, por pretender cobrar, el 17 de mayo de 2007, 100 millones de dólares a través de seis notas promisorias falsas de Bandagro.
Vale recordar que el 22 de septiembre de 1993, el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) denunció ante el Juzgado 2° de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, la emisión fraudulenta de unas notas promisorias, razón por la cual solicitó una averiguación.
El 24 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal ordenó abrir la investigación correspondiente, de acuerdo con el régimen legal vigente para la fecha.
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