La precandidata presidencial María Corina Machado afirmó en Maracay que en su gobierno serán llevados a juicio aquellos integrantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), que prometieron desconocer al nuevo Presidente de la República.
“Como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, haremos respetar la Constitución. Algunos generales miembros del alto mando han afirmado su disposición a violarla, lo cual constituye un anuncio de golpe de Estado, y serán enjuiciados en mi gobierno”, agregó.
Sin hacer mención explícita, la aspirante se refirió a la postura asumida por el general en jefe Henry Rangel Silva, quien ha asegurado que la Fanb está casada con el proyecto de país del jefe del Estado Hugo Chávez Frías, y que sería difícil de vender la hipótesis de un gobierno de la oposición porque ni el pueblo ni la Fan la aceptaría.
Machado también envió un mensaje a la oficialidad subalterna. “Confío en ellos. Confío que las lecciones de moral militar que recibieron en la Academia Militar los llevará a actuar con dignidad. Bajo mi presidencia serán reconocidos quienes actùen con dignidad para hacer valer la soberania venezolana expresada en el voto”.
La precandidata le dijo a los parientes de los oficiales que en su gobierno se recuperará el orgullo de formar parte de la familia militar. “El respeto a la Fanb no se debe a las armas, a los cañones o tanques, sino que procede de su actitud digna, ajustada a la moral”.
Crítica situación en La Mata y Punta Redonda
María Corina Machado también se reunió con los vecinos de La Mata y Punta Redonda, a quienes definió como “los humillados de los humillados en Venezuela”.
Estas familias viven a las orillas del Lago de Valencia y atraviesan una crítica situación, ya que las aguas se desbordan cada vez que llueve e inundan las calles del sector. De hecho, algunas familias están sufriendo las consecuencias de convivir con malos olores y los residuos que dejan las crecidas.
“No hay nada más humillante que vivir en el olvido y de engaño tras engaño. Este problema gravísimo, que afecta a dos mil familias en el estado Aragua, es bien conocido, y se advirtió con anticipación. Tanto así que hace una semana se cumplieron cinco años de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se ordena el desalojo de estas familias previo pago de las indemnizaciones.
Ellos están exigiendo que se cumpla esa sentencia. La solución que plantea el gobierno es un riesgo gigantesco para la vida de estas personas”.
“Es un llamado desesperado el de esta comunidad, que exige respuesta, respeto y dignidad. Nuestro gobierno cumplirá la sentencia del TSJ porque respetará y tratará con dignidad a cada venezolano”, agregó.
