(EFE).- El general Cliver Alcalá, uno de los cuatro funcionarios venezolanos que EE UU sancionó por su presunto apoyo a las FARC en el tráfico de droga y armas, pidió hoy a la Fiscalía de su país que lo investigue por los delitos que se le imputan.
Así lo informó hoy la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en una conferencia de prensa, en la que indicó que el militar interpuso una “denuncia” ante su despacho para que se investiguen “los hechos señalados” en el informe del Departamento del Tesoro de EE.UU
La funcionaria aseguró que el Ministerio Público espera dar el “trámite correspondiente” a esa solicitud.
Ortega Díaz calificó de “irresponsables” las acusaciones EE.UU., porque, a su juicio, carecen de fundamento “científico” al basarse en el contenido de las computadoras decomisadas durante un operativo militar en el que murió el entonces “número dos” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “Raúl Reyes”.
Esa operación fue desarrollada por el Ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, y derivó en la ruptura de relaciones entre ambos países, las cuales se restablecieron el 26 de noviembre de 2010 luego de una reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa.
La fiscal venezolana resaltó que Colombia ya “desestimó” como prueba válida lo hallado en las computadoras de “Raúl Reyes”.
“Yo creo que esa es una posición, perdonen la palabra, (…) ridícula (…) con propósito de desprestigiar al Estado venezolano y a las autoridades venezolanas”, opinó, al aludir a la posición estadounidense.
En un comunicado difundido el pasado 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. indicó que la medida de sanción “expone a cuatro altos cargos venezolanos como suministradores de armas, seguridad, adiestramiento y asistencia a las operaciones de las FARC en Venezuela”.
Además de Alcalá, quien pertenece a la de la Cuarta División Blindada del Ejército de Venezuela, fueron sancionados Freddy Bernal, legislador por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Amílcar Figueroa, presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, y Ramón Madriz, un funcionario del servicio de inteligencia venezolano.
Tras la difusión de las medidas, el Gobierno venezolano elevó una nota de protesta ante EE.UU. y el presidente Hugo Chávez calificó las acusaciones de “verdadera infamia”, al tiempo que defendió la “honorabilidad” de sus funcionarios.
