(AFP) – A cuatro años y siete meses de prisión, fueron condenados tres excongresistas colombianos por auspiciar y promover grupos de paramilitares, informó este viernes la Corte Suprema de Justicia.
Según el máximo tribunal de la justicia de Colombia, los
exrepresentantes a la Cámara Manuel Ávila, Enrique Doval y César Andrade
“aceptaron los cargos por el delito de concierto para delinquir agravado”.
La sentencia precisa que los tres políticos fueron condenados a “las penas principales de 55 meses de prisión”
y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas “por lapso igual al de la privación de libertad, por el delito
de concierto para promover grupos armados al margen de la ley”.
De acuerdo con la Corte, organizaciones paramilitares de extrema derecha “pretendiendo obtener representación en el Congreso de la República” desarrollaron
un proyecto político regional en el noroeste del país, a través del
cual “durante las elecciones del año 2002 obtuvieron una curul en la
Cámara de Representantes por el departamento (provincia) de Antioquia”.
Una vez conseguida la curul, agrega la sentencia, cuatro líderes de la región, entre ellos los tres políticos condenados, se turnaron el cargo año tras año.
Más de un centenar de políticos colombianos están involucrados en
un proceso adelantado por la justicia que busca esclarecer vínculos
entre esos dirigentes y las desmovilizadas Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC, extrema derecha) para obtener resultados electorales.
En 2010, diez exparlamentarios fueron condenados y uno absuelto. En lo que va de este año, nueve más han sido declarados culpables por la Corte, entre ellos dos expresidentes del Congreso y un exgobernador.
En 2010, diez exparlamentarios fueron condenados y uno absuelto. En lo que va de este año, nueve más han sido declarados culpables por la Corte, entre ellos dos expresidentes del Congreso y un exgobernador.
Las AUC, que combatían a las guerrillas izquierdistas y cometieron
miles de crímenes atroces contra la población civil, especialmente en la
década de los años 90, participaron entre 2003 y 2006 en una negociación de paz que les otorgó beneficios procesales a cambio de la confesión y la reparación a las víctimas.
A partir de esas confesiones la justicia abrió las investigaciones a los dirigentes políticos.
