En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes se realizó la segunda discusión de la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que fue revisada por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, con el fin de normalizar la explotación de lo recursos naturales renovables, ante la necesidad de apuntar a energías limpias en el futuro.
Durante la discusión de la normativa legal hubo consenso en la aprobación de la mayoría de los artículos.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Trujillo Manuel Briceño, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático sugirió algunos cambios en la redacción de varios de los artículos sometidos a debate, en aras de mejorar las disposiciones de la normativa. Por consenso general fueron aceptadas las modificaciones incorporadas en esta nueva discusión.
Entre las disposiciones que se incluyen en la Ley, destaca la obligación de los medios de comunicación de incluir en su programación contenidos destinados a promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
El parlamentario César Rincones (AD) propuso incorporar la creación normas de diseño y políticas de certificación del uso racional de la energía para las edificaciones nuevas. Manuel Briceño (PSUV) consideró innecesaria la inclusión, pues las condiciones técnicas deben formar parte del reglamento de la ley que se redactará una vez que la normativa legal sea sancionada y publicada en gaceta oficial.
Como lo expresa su denominación, la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía persigue que a través de su cumplimiento la población internalice la necesidad de ahorrar energía eléctrica.
El presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, diputado Luis Acuña, cuando presentó el instrumento para su primer debate, subrayó la importancia de hacer uso racional de otros recursos naturales, como el agua.
Tras su aprobación, el texto legal contiene 38 artículos, seis disposiciones transitorias y una disposición única final.
El objetivo de la normativa es generar un cambio cultural en la población venezolana, a través de la modificación de los hábitos de derroche de la energía eléctrica.
Con su aprobación, se espera alcanzar las metas de reducción del consumo eléctrico, a través de criterios de ejemplaridad. Ante esto, los entes de la Administración Pública deben ser los primeros en adaptarse al modelo de conciencia social.
Aprobación de créditos adicionales
Asimismo, durante la sesión se autorizaron tres créditos adicionales. El primero de éstos es por más de 14 millones de bolívares, para el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El siguiente sobrepasa los 130 millones de la divisa nacional, destinado al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Finalmente, se aprobó la adjudicación de un crédito adicional de más de 21 millones de bolívares para el Gobierno del Distrito Capital.