Cada centro tendrá capacidad para mil personas y servirá como punto de espera para que los detenidos que no tengan derecho a asilo sean devueltos a sus países de origen, de acuerdo con el comunicado ofrecido por el sitio web del Ministerio de Protección Ciudadana, retomadas por el diario Ekathimerini.
Según el ministro Mijalis Jrisojoidis, el programa contará con 250 millones de euros procedentes de fondos europeos y se utilizarán para tal fin instalaciones militares en desuso y otras edificaciones estatales dotándolas de sistema de seguridad adecuadas. "Tenemos que demostrar que no estamos dando falsas promesas a las comunidades locales y que vamos a resolver el problema de la inmigración", aseguró el responsable de Protección Ciudadana tras reunirse con los gobernadores de las nueve regiones griegas.
Jrisojoidis afirmó a las autoridades territoriales que deben trabajar juntos para hacer frente a lo que describió como "un problema nacional" (y) una bomba de relojería para la salud pública".
De acuerdo con los datos de la policía griega, cerca de 90 por ciento de los inmigrantes que entran a la Unión Europea de manera clandestina lo hacen atravesando la frontera greco-turca, donde el pasado año fueron detenidas cerca de 100 mil personas por tal motivo. Sin embargo, debido a la masificación de los pocos centros de acogida existentes en el país, las autoridades liberan periódicamente a los inmigrantes detenidos con una orden de abandonar Grecia por sus propios medios, al no contar con fondos para deportarlos.
Días atrás, la ONU y organizaciones de Derechos Humanos locales denunciaron las condiciones infrahumanas en que se interna a los inmigrantes en Grecia y el aumento de los ataques racistas.
Se calcula que entre uno y dos millones de personas residen de manera irregular en el país, lo que unido a la severa crisis económica crea graves problemas sociales y hace crecer el discurso xenófobo de algunos partidos, entre otros los de la coalición de gobierno.
(PL)
