Venezuela prohibirá el viernes la venta de armas de fuego y municiones a particulares por un año como parte de un plan oficial para combatir la violencia, una medida que según expertos tendrá un impacto relativo al dejar por fuera la lucha contra el masivo tráfico ilegal.
Con la mirada puesta en "desarmar a la población civil", el gobierno espera que la medida impida que más ciudadanos adquieran nuevas armas y municiones y que ahora su venta sea "sólo para los cuerpos de policía y la Fuerza Armada", según dijo recientemente el ministro de Interior, Tareck El Aissami.
Las nuevas regulaciones, aprobadas en febrero para su entrada en vigencia tres meses después, también prevén que las armerías, de las que permanecen abiertas 80 en el país, "dejen de existir como rubro comercial" y que éstas entreguen al Estado sus remanentes de armas y municiones.
Además, los cuerpos de seguridad, policías y fuerzas armadas deberán solicitar sus dotaciones de armas a CAVIM -ahora el único organismo estatal autorizado para importarlas-, previa aprobación del Ministerio de Interior.
Para el criminólogo Fermín Mármol estas últimas medidas "van a impactar muy poco en la reducción de la delincuencia porque no están orientadas al epicentro del problema, que es impedir las armas ilegales en las calles".
"El control de las armas y municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas", señaló el experto a la AFP.
Mármol argumenta que hay "sólo 40.000 portes de armas legales" frente a entre 9 y 15 millones de armas ilegales que circulan en Venezuela (con unos 27 millones de habitantes), según una estimación oficial de 2009.
Las medidas que entrarán en vigencia el viernes son parte de un plan de desarme del gobierno, que desde 2011 aplicó otras iniciativas como la prohibición del otorgamiento de nuevos permisos de porte de armas o de su porte en espacios públicos, para enfrentar los flagelos de la violencia e inseguridad en el país.
Según datos oficiales, en 2010 se registraron 14.000 homicidios en Venezuela, es decir 48 por cada 100.000 habitantes -una tasa récord en América Latina-, y más del 90% de estos asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.
La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció por su parte que muchas armas procedentes de los cuerpos de seguridad del Estado son vendidas ilegalmente, alimentando la criminalidad.
"La procedencia de las armas ilegales en Venezuela sin duda alguna tiene como principal fuente la producción e importación de armas de parte del Estado y las municiones de los cuerpos de seguridad", comentó la responsable a la AFP.
Para empezar a enfrentar este tráfico ilegal, El Aissami anunció la semana pasada que en un año se marcarán todas las municiones de las fuerzas del orden con el nombre del fabricante, el año de producción y el cuerpo de seguridad a las que pertenecen.
Este será un paso previo a la serialización, un mecanismo de control más efectivo que permitirá identificar al agente que recibió la munición y para lo cual Caracas trabaja con asesoría de la ONU y Brasil.
"Vamos a poder seguir el recorrido para establecer de quién es la munición que se encuentre en una determinada escena del crimen y permitir el control de la munición a nivel nacional", dijo el general Julio Morales, responsable de CAVIM.
"A medida que vayamos sustituyendo (las municiones) por municiones marcadas iremos cortando los circuitos ilegales" de comercialización, agregó El Aissami.
También aseguró que el gobierno presentará próximamente las cifras actualizadas de armas legales e ilegales en el país, sin precisar una fecha.
Según San Miguel, uno de los mayores impedimentos para diseñar políticas públicas eficaces contra el crimen ha sido la falta de transparencia del gobierno y el hecho de que "no se hayan levantado números sobre los parques de armas" de los organismos del Estado.
