Con un parlamento cargado de acusaciones, generalidades, abstracciones y profundo desconocimiento del pasado puntofijista, el gobernador de una de las entidades más inseguras del país (según cifras oficiales), jefe máximo de una de las policías con mayor déficit de funcionarios, que no se incorpora al Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), y candidato presidencial de la derecha venezolana, Henrique Capriles Radonski, presentó este martes su plan “Seguridad para Todos”, en el centro de exposiciones de una universidad privada ubicada al este de Caracas, que se ha convertido en sede frecuente de sus actividades políticas de campaña.Durante el acto, como en una sala de cine, con luces apagadas, se proyectaron varias imágenes sensacionalistas de inseguridad. Luego apareció en la planificada y millonaria puesta en escena el abanderado de Primero Justicia, quien, entre otras cosas, dijo: ya basta. Los venezolanos quieren vida.
Habló de la prevención como la primera de cuatro fases de su plan, sin embargo, sin especificar cómo, en este tópico particular se limitó a decir que es importante “prevenir la violencia”. Llamó “prisiones” a lo que el gobierno bolivariano en los últimos años, a raíz de un intenso plan de humanización, ha denominado centros penitenciarios.
Consideró además que el asunto penitenciario es tan sencillo, que ligeramente dijo “eso en un año lo resolvemos”, al tiempo que expresó a los privados de libertad: las cárceles son lugares para cumplir condenas.
Después de acusar varias veces al gobierno nacional, expresó: “yo sí me pongo al frente de este problema, no a ver a quién le echo la culpa. Ya basta, o es la vida o es la muerte. Venezuela quiere vida”. Después dijo a los jueces lo obvio: o se es honesto o deshonesto. “La delincuencia tiene los días contados en Venezuela”, finalizó.
Las cifras más recientes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia indican que, de enero de 2011 a 2012, en Miranda la tasa de homicidios registró un incrementó de 16 por ciento. La policía de este estado sigue sin adherirse al Dibise, y sus directores han estado involucrados en diversas irregularidades.
Finalizado el evento de marketing político, los asistentes se movilizaron hacia un buen número de autobuses estacionados en las afueras de la universidad. Varios vestían franelas amarillas con la identificación de Primero Justicia, que se quitaban mientras abordaban las unidades de transporte que les retornarían a sus lugares de origen.
Cabe recordar que en enero de este año, Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular y coordinador nacional de la campaña de Radonski, pocos días antes de declinar sus aspiraciones presidenciales y aliarse a Capriles, se reunió y pidió asesoría a representantes colombianos de la triste “doctrina de la seguridad democrática” -como José Obdulio Gaviria- que sólo dejó en la hermana nación sicarios entrenados para matar, miles de asesinados producto de la oprobiosa práctica de la tortura, fosas comunes y millones de movilizados. Es por eso que algunos analistas hablan del fenómeno de la “uribización” de la campaña y propuesta de la ultraderecha venezolana.
Mientras el candidato de la derecha dice eso, el Gobierno Bolivariano afina detalles para el lanzamiento en junio de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, como una política integral de seguridad pública diseñada con seis vértices de acción, que a su vez agrupan 29 líneas estratégicas y 117 acciones programáticas (30 de ejecución inmediata): prevención integral, convivencia solidaria y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, fortalecimiento de los órganos de seguridad del Estado, transformación del sistema penitenciario, sistema nacional de atención a las víctimas, y socialización del conocimiento para la convivencia y la seguridad ciudadana.
Adicionalmente, junto a la nueva gran misión, será aprobada vía Ley Habilitante, también en junio, la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP). El nuevo instrumento legal eliminará normas divorciadas de la realidad venezolana e incluirá otras que permitan atacar las causas del retardo procesal y “destrabar jurídicamente aquellos actos procesales donde las partes y el juzgador encuentras impedimentos que no permiten avanzar en el proceso”, según explicó recientemente el presidente de la República, Hugo Chávez.
(La Iguana.TV/VTV)
