Las dudas de los mercados y de los inversores internacionales sobre la contaminación de los activos tóxicos en los balances bancarios españoles ha hecho que no le tiemble la mano al Gobierno al elevar las provisiones de los créditos del ladrillo. En concreto el borrador que maneja el Gobierno estudia exigir entre 32.000 o 42.000 millones más en las provisiones destinadas al ladrillo. Esto supondrá aplicar un saneamiento del 23% o 30% sobre la cartera de créditos para financiar suelo, construcción o promoción inmobiliaria. Ahora la provisión es del 7%. La propuesta, sin embargo, ha causado malestar en el sector.
Las enormes cantidades que suponen estas nuevas dotaciones, junto con la caída de los ingresos que están viviendo las entidades financieras ha provocado malestar en el sector. La banca entiende que esta vuelta de tuerca en provisiones, después de que el decreto de febrero pasado, supusiera saneamientos por 53.000 millones, podría provocar pérdidas en algunas entidades.
Según el borrador, las entidades que no hagan estas provisiones, deberán constituir un “esquema de protección de activos” (EPA) sobre su cartera crediticia por un plazo de 10 años. La valoración de los activos que quedarán protegidos lo antes posible de una morosidad futura, serán valorados “por expertos independientes”. Una comisión de control, donde estará la entidad y los gestores, vigilará si hay pérdidas. Las entidades que tiene el FROB, no estarán obligadas a realizar un EPA.Por eso, han abierto negociaciones con el Ejecutivo para que aplique la medida menos exigente. Para tener más tiempo para debatir, han solicitado que esta normativa no se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo viernes sino en el siguiente. El ministerio de Economía es consciente de que no le quedan muchas oportunidades para convencer a los mercados de la salud de la banca, lo que provoca que no mueva su posición con facilidad.
Tras crear esa cartera de créditos protegidos, los deberán transferir a una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto social exclusivo será “la administración y enajenación, de forma directa o indirecta de los activos aportados”. En este sentido, el Banco de España ha pedido “una cierta flexibilización a los gestores de los activos para que puedan desarrollar promociones en curso y otras actividades”.
Estas sociedades tendrán una vida de 10 años. Pasado este tiempo, “la sociedad de gestión que no hubiera alcanzado dicho objetivo”, vender los activos, “deberán instar a la liquidación o bien transmitir su participación a un tercero”.
El capital social de las gestoras inmobiliarias, también conocidas como bancos malos aunque no tengan ficha bancaria, “se constituirá con la aportación de todos los activos de naturaleza inmobiliaria objeto de la provisión”.
Los activos que se aporten “deberán transferirse a su valor razonable”, dice el borrador de Economía. Siempre, insiste, con el criterio de un experto independiente. Si no hay “valor razonable será a su valor contable neto”.
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