El Ministerio Público logró privativa de libertad para José Luis Rojas Bello (33), quien es uno de los accionistas de la empresa Bayan Services, por su presunta vinculación con el caso de la avioneta matrículas 9HFED (alemana), modelo Bombardier Global, la cual despegó sin autorización del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, con un cargamento de droga, que posteriormente fue decomisado en Islas Canarias, España.
El despegue de la aeronave se registró a las 2:35 de la madrugada del 12 de agosto desde el Aeroclub Valencia, el cual se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del referido Aeropuerto.
En la audiencia de presentación, los fiscales 3° y 26° nacionales, así como el 5°, 13° y 29° de Carabobo, Eylin Ruiz, José Miguel Medina, Analia Aguilar, Asdrúbal Durán y Linda Goitía, respectivamente, imputaron a Rojas Bello por los delitos de financista de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.
Dichos delitos están establecidos y sancionados en la Ley Orgánica de Droga y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 10° de la Carabobo, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de ese estado, conocido como Tocuyito.
Rojas Bello fue aprehendido el pasado 13 de septiembre, en su residencia ubicada en el sector el Palotal de Valencia, durante un allamiento que fue acordado por el Tribunal 6° de Control de la referida jurisdicción, tras solicitud del Ministerio Público.
Con la aprehensión del mencionado accionista de Bayan Services, el número de detenidos por este caso asciende a 23 personas.
Vale destacar que entre los detenidos se encuentra el gerente de operaciones de la mencionada empresa, Juan Hernández Carrasquero (60), un ciudadano de nacionalidad colombiana, de nombre Juan Bilbao (otro de los presuntos financista), además de nueve efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, un comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ocho civiles.
