Organizaciones indígenas pidieron este lunes al gobierno venezolano que siga investigado una presunta masacre en julio de aborígenes Yanomami en el sur del país a manos de mineros ilegales brasileños, luego de que una comisión oficial no hallase evidencias del hecho tras visitar la zona.
En un comunicado, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam) afirmó que la comisión de investigación enviada por el gobierno "no llegó" hasta la comunidad de Irothateri, donde supuestamente ocurrió el hecho, "razón por la cual no se puede decir que no se encontró evidencia alguna que demuestre la presunta masacre".
"Solicitamos que se continúe con la investigación sobre los hechos denunciados hasta llegar a la comunidad Irotatheri (en el remoto y selvático sector Momoi del estado de Amazonas, fronterizo con Brasil), "lo cual permitiría determinar con exactitud lo que sucedió", señaló el comunicado.
"Seguimos en lucha, la comisión no llegó donde hubo la masacre", confirmó a la AFP Itirio Hoariwe, vicepresidente de la Horonami Organización Yanomami (HOY), que forma parte de la Coiam y que denunció una matanza ante la Fiscalía el lunes pasado.
El fin de semana, el gobierno afirmó que "no encontró evidencia" de la presunta masacre luego de que una comisión de investigación, formada por responsables del ministerio público, de la policía científica y del ejército, visitara varias comunidades Yanomami.
Según la HOY, unos garimpeiros (buscadores de oro ilegales) dispararon y lanzaron explosivos desde un helicóptero contra un shabono (choza circular) en Irotatheri, donde habrían muerto 80 personas.
Sin embargo, este lunes el ministro del Interior, Tareck El Aissami, ratificó que la comisión no "encontró evidencia de ninguna muerte" de yanomami tras entrevistarse con varias comunidades.
Bandas de garimpeiros proliferan en las minas artesanales de oro y diamantes ubicadas en los recónditos y poco custodiados parajes del sur de Venezuela.
La Coiam asegura que desde 2009 los yanomami sufren agresiones de los garimpeiros, como ataques físicos, amenazas, secuestro de mujeres y contaminación del agua con mercurio usado en la minería
