EFE) – La comisión militar de Guantánamo que lleva el caso contra los presuntos responsables de los ataques del 11-S en EEUU retoma este lunes las audiencias de preparación del juicio, entre acusaciones de censura por parte de la defensa.
En estas nuevas audiencias, que se celebrarán a puerta cerrada y se prolongarán durante una semana, se escucharán los argumentos de los abogados defensores del presunto autor intelectual de los atentados, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro cómplices.
La comisión ha invitado a los familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a los equipos de emergencia que actuaron en esa fecha a seguir las audiencias en cuatro bases militares situadas en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Massachussetts, junto a la prensa acreditada.
Las audiencias estaban previstas inicialmente para finales de agosto, pero el paso de la tormenta “Isaac” por el Caribe obligó a posponerlas hasta ahora.
Los cinco acusados, recluidos en la base naval de la Bahía de Guantánamo junto con otros 169 presos, afrontan la posibilidad de la pena capital por la muerte de 2.976 personas, en un juicio final previsto provisionalmente para mayo de 2013.
En estas audiencias, la defensa centrará sus denuncias en la llamada cláusula de “presunta clasificación”, por la que se asume que durante sus interrogatorios los acusados han tenido acceso a información clasificada que puede afectar a la seguridad nacional de EE.UU.
Debido a esta condición legal, los abogados de la defensa no pueden responder a preguntas sobre sus reuniones con los presos de Guantánamo y no están autorizados a preguntar sobre sus ideas de la yihad o tratar sobre los años que personas como Sheij Mohamed pasaron en cárceles clandestinas de la CIA.
En esta ocasión, el juez James L. Pohl, que preside la comisión militar de Guantánamo, permitirá que varios grupos pro derechos civiles y medios de comunicación, autodenominados “Objetores de Prensa” (Press Objectors), presenten sus argumentos orales.
La abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representará a este colectivo, Hina Shams, indicó que la petición del Gobierno de EEUU de que “puede mantener oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus torturas es legalmente insostenible y moralmente aborrecible”.
“Si el Gobierno mantiene la censura sobre los testimonios de tortura, las comisiones ciertamente no serán vistas como legítimas”, agregó en un comunicado enviado a Efe a finales de agosto, cuando iban a celebrarse inicialmente las audiencias.
En las audiencias previas, celebradas en mayo, la defensa ya denunció que el trato inhumano y las torturas inhabilitaban el proceso y no creían que pueda darse un juicio imparcial.
Entonces, tanto Jalid Sheij Mohamed como los otros cuatro acusados por participar en los atentados del 11-S se negaron a contestar a las preguntas del juez de la comisión militar, según los defensores en protesta por el trato que reciben en la prisión.
La propia CIA ha reconocido haber sometido a Sheij Mohamed al “waterboarding”, o ahogamiento simulado, técnica de interrogatorio clasificada por Estados Unidos como tortura, así como a tratamientos vejatorios y amenazas.
Los acusados han pasado casi seis años en Guantánamo y otros tres años en cárceles clandestinas de la CIA tras su captura durante la guerra contra el terrorismo islamista impulsada por el ahora expresidente George W. Bush.
Las comisiones militares creadas durante la Administración Bush para juzgar a los presos islamistas de Guantánamo fueron suspendidas con la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, pero finalmente el mandatario decidió mantenerlas en efecto con nuevas normas
