Los crímenes o delitos de odio ocurren cuando una persona es víctima de un ataque por su pertenencia a un grupo social, según su edad, raza, género, religión, etnia, discapacidad u orientación sexual.
La asociación civil Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) presentó recientemente un informe sobre crímenes de odio por homofobia en Venezuela, en el que se destaca que en el país fueron reportados al menos 99 crímenes contra personas sexo diversas durante el lapso transcurrido entre enero de 2009 y agosto de 2013.
Esta cifra fue recogida de lo publicado en medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. El total de los crímenes se desglosa en 46 asesinatos y 53 agresiones que contempla verbales, psicológicas y físicas. Además, se reportaron detenciones arbitrarias, arremetida policial, abuso de poder, torturas y otros.
Los asesinatos contra la comunidad sexo diversa ocurrieron en 13 entidades del país: Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Mérida, Carabobo, Bolívar, Barinas, Lara, Vargas, Nueva Esparta, Táchira y Monagas.
Si se compara lo ocurrido entre los años 2012 y 2013, los crímenes de odio incrementaron 55,56% en el país. De acuerdo con el informe, las personas sexo diversas se encuentran "desprotegidas y desamparadas por las instituciones públicas venezolanas".
El documento explica que la mayoría de estos casos quedan impunes y resalta que ello se debe a que el Gobierno “no ha logrado cumplir con sus obligaciones como es prevenir y averiguar los delitos e impartir justicia”.
Diversas organizaciones no gubernamentales y la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI) han presentado a distintos órganos del Estado propuestas y recomendaciones de leyes para tipificar como delito los crímenes de odio en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso a los requerimientos de la comunidad sexo diversa.
En Venezuela, existen reticencias para el reconocimiento de la identidad de género y las leyes de igualdad de parejas del mismo sexo. Así lo aseguró la abogada y activista venezolana por los derechos a las personas LGBTTTI, Tamara Adrián, en una entrevista transmitida por Globovisión en el mes de septiembre, en la que aseguraba que Venezuela es "el único país del Mercosur que no reconoce el matrimonio igualitario".
El artículo 21 de la Constitución Nacional estipula: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona...”.
Más allá de considerar como derecho constitucional la igualdad de sexos, no hay ninguna otra mención explícita en la normativa legal venezolana que contemple la sexo diversidad.
Al no existir una legislación que abogue por los derechos de aquellos que no cumplen la “norma” sexual, se apoya –aunque sea indirectamente− la discriminación sexual, generando el rechazo de la sociedad ante las personas sexo diversas. En los casos más extremos, esta situación culmina en crímenes de odio que pueden llevar a la coerción, a la violencia e incluso a la muerte de personas LGBTTT
La asociación civil Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) presentó recientemente un informe sobre crímenes de odio por homofobia en Venezuela, en el que se destaca que en el país fueron reportados al menos 99 crímenes contra personas sexo diversas durante el lapso transcurrido entre enero de 2009 y agosto de 2013.
Esta cifra fue recogida de lo publicado en medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. El total de los crímenes se desglosa en 46 asesinatos y 53 agresiones que contempla verbales, psicológicas y físicas. Además, se reportaron detenciones arbitrarias, arremetida policial, abuso de poder, torturas y otros.
Los asesinatos contra la comunidad sexo diversa ocurrieron en 13 entidades del país: Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Mérida, Carabobo, Bolívar, Barinas, Lara, Vargas, Nueva Esparta, Táchira y Monagas.
Si se compara lo ocurrido entre los años 2012 y 2013, los crímenes de odio incrementaron 55,56% en el país. De acuerdo con el informe, las personas sexo diversas se encuentran "desprotegidas y desamparadas por las instituciones públicas venezolanas".
El documento explica que la mayoría de estos casos quedan impunes y resalta que ello se debe a que el Gobierno “no ha logrado cumplir con sus obligaciones como es prevenir y averiguar los delitos e impartir justicia”.
Diversas organizaciones no gubernamentales y la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI) han presentado a distintos órganos del Estado propuestas y recomendaciones de leyes para tipificar como delito los crímenes de odio en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso a los requerimientos de la comunidad sexo diversa.
En Venezuela, existen reticencias para el reconocimiento de la identidad de género y las leyes de igualdad de parejas del mismo sexo. Así lo aseguró la abogada y activista venezolana por los derechos a las personas LGBTTTI, Tamara Adrián, en una entrevista transmitida por Globovisión en el mes de septiembre, en la que aseguraba que Venezuela es "el único país del Mercosur que no reconoce el matrimonio igualitario".
El artículo 21 de la Constitución Nacional estipula: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona...”.
Más allá de considerar como derecho constitucional la igualdad de sexos, no hay ninguna otra mención explícita en la normativa legal venezolana que contemple la sexo diversidad.
Al no existir una legislación que abogue por los derechos de aquellos que no cumplen la “norma” sexual, se apoya –aunque sea indirectamente− la discriminación sexual, generando el rechazo de la sociedad ante las personas sexo diversas. En los casos más extremos, esta situación culmina en crímenes de odio que pueden llevar a la coerción, a la violencia e incluso a la muerte de personas LGBTTT
