El representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan F. Jiménez Mayor, propuso hoy en nombre del Estado peruano priorizar el combate contra el narcotráfico y la minería ilegal como delitos conexos que financian y agravan la amenaza del terrorismo en el hemisferio, en la reunión anual del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, en Washington
DC.
Jiménez Mayor, que encabeza la delegación del Perú ante el CICTE, enfatizó la urgencia de que el hemisferio tome medidas efectivas de cooperación contra el lavado de activos que se origina por estas formas de crimen organizado, cuyas mafias amasan ingentes cantidades de dinero, amenazan las democracias en la región y causan miles de víctimas en las poblaciones.
El embajador peruano recordó la masacre de Lucanamarca, ocurrida en 1983 en una localidad surandina del Perú, en la cual el grupo terrorista Sendero Luminoso asesinó con hachas y machetes a 69 campesinos, incluidos varios niños, mujeres y ancianos. Agregó que el comité central de este grupo terrorista se encuentra hoy en la cárcel, incluido el recientemente capturado “camarada Artemio”, quien ha sido sentenciado por “crímenes de terrorismo agravado, narcotráfico y lavado de activos”, evidenciándose con esta condena la ligazón siniestra del terrorismo con otros delitos como el narcotráfico, organizaciones criminales a las que sirve dando protección y generando miedo en la población para promoverlas. Ratificó con ello el carácter genocida de dicha organización terrorista.
Por otro lado, afirmó que los remanentes de Sendero Luminoso se han asentado en el VRAEM, promoviendo el narcotráfico y otras actividades criminales. Acusó a los Quispe Palomino de utilizar el lavado de activos, informando que en el 2012, se desarticuló una organización afín a ellos que había lavado fondos de más de 100 millones de dólares, en lo que ha sido el más duro golpe económico al terror. “Pronto caerán y les espera la cadena perpetua por sus crímenes”, acotó.
Jiménez Mayor llamó la atención del CICTE por la gravedad del caso Chavín de Huantar promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que plantea que el Estado pague reparaciones a un terrorista del MRTA. “Se trata de una enorme incoherencia el hablar aquí de terrorismo y sus implicancias y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos busque indemnizar a un terrorista convicto y confeso cuyas causas de muerte ocurrieron en medio de un operativo militar y que aún son parte de investigación por la Fiscalía. La señal a la comunidad internacional es nefasta”, mencionó el representante del Perú. RPP
